Esta iniciativa abarca desde la educación preescolar hasta la secundaria, e incluye también a quienes cursan programas de educación general en diversas instituciones educativas.
Según el informe del Gobierno presentado en la 44.ª sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el proyecto busca incorporar a nuevos beneficiarios que aún no están cubiertos por la legislación actual. Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años y los estudiantes de secundaria superior. La medida también contempla a personas que cursan programas de educación general, sin importar si asisten a centros públicos o privados.
Una de las características destacadas de esta propuesta es que la exención o el apoyo en el pago de la matrícula se aplicará tanto en escuelas estatales como en instituciones educativas privadas y no estatales.
Con ello, se busca garantizar el acceso universal a la educación, promover el desarrollo de centros educativos no públicos y avanzar hacia una mayor socialización del sistema educativo. Se prevé que esta política entre en vigor a partir del año escolar 2025 - 2026.
Además, se presentó un proyecto de resolución sobre la universalización de la educación preescolar para niños de tres a cinco años, con el objetivo de fortalecer las bases del aprendizaje desde las primeras etapas. Ambas propuestas reflejan el compromiso del Estado con la equidad educativa y el desarrollo de una sociedad más inclusiva.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional también debatió el proyecto de Ley de Inspección (modificada), que reduce el número de artículos de 118 a 64, distribuidos en nueve capítulos.
El nuevo texto unifica los procedimientos de inspección, elimina la distinción entre inspección administrativa y especializada, y añade funciones relacionadas con la prevención del despilfarro y el control del poder.
Por la tarde, los diputados se reunirán en grupos para discutir en profundidad tres temas clave: la exención y apoyo en el pago de matrículas, la universalización de la educación preescolar, y la propuesta para prorrogar la exención del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas.
