Al presentar el informe correspondiente, el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, informó de que el proyecto contempla la modificación de 14 artículos, la derogación de otros cuatro y el mantenimiento sin cambios de 23 disposiciones.
También precisa el concepto de “identidad cultural nacional en la arquitectura”, vinculando el desarrollo constructivo con la preservación y la valorización del patrimonio cultural y las características propias de cada región.
Además, promueve una arquitectura adaptada a las condiciones naturales, históricas y sociales de cada localidad, contribuyendo a la implementación de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura nacional.
El proyecto también perfecciona los instrumentos de gestión arquitectónica. Entre las principales modificaciones figuran la actualización de las normas de su gestión para adecuarlas al nuevo modelo de gobierno local de dos niveles, la simplificación de los procedimientos para la aprobación de los reglamentos correspondientes y la incorporación de nuevas disposiciones sobre los concursos de ideas y proyectos arquitectónicos.
Asimismo, se propone eximir de la obligación de convocar concursos de arquitectura a determinadas obras de carácter urgente o prioritario, así como a proyectos de inversión especiales o que no utilicen recursos de inversión pública.
El texto incorpora además criterios orientados a fomentar una arquitectura sostenible, respetuosa con el medioambiente y adaptada al cambio climático.
Al presentar el informe de evaluación, el jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, Nguyen Thanh Hai, expresó su respaldo al contenido de la reforma, aunque subrayó la necesidad de precisar el mecanismo para determinar la identidad cultural en la arquitectura.
En este sentido, propuso que los Comités Populares de nivel provincial sean los encargados de elaborar un conjunto de criterios y un marco general de orientación, que sirva de referencia para su aplicación por parte de las autoridades comunales, garantizando así una implementación uniforme.
La Comisión también recomendó que la elaboración de reglamentos de gestión arquitectónica no sea obligatoria para la totalidad del territorio administrativo, sino que se concentre en zonas con características específicas, nuevas áreas y centros urbanos.
Propuso reforzar el control del diseño urbano en los grandes proyectos inmobiliarios y en las zonas ribereñas y costeras, además de incorporar mecanismos que impulsen la arquitectura sostenible y la eficiencia energética.
En relación con las obras arquitectónicas de valor patrimonial, planteó incorporar a la ley criterios específicos para su identificación y clasificación, definir claramente la responsabilidad de los Comités Populares provinciales en la elaboración y la publicación de los catálogos correspondientes y presentar un mecanismo de consulta con expertos, asociaciones profesionales y comunidades locales antes de decidir la inclusión de una obra en la lista de bienes protegidos.
La Comisión coincidió igualmente en la necesidad de reducir los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio profesional de la arquitectura. En este marco, propuso estudiar la eliminación del período de validez de diez años de las licencias profesionales y sustituirlo por un sistema basado en la actualización continua de las competencias profesionales.
Además, recomendó aplicar de forma gradual la obligatoriedad del uso de la metodología de Modelado de Información para la Construcción, con el fin de evitar un incremento de los costes y una mayor carga para las empresas.
