Así lo afirmó el profesor Tuong Duy Kien, director del Instituto de Derechos Humanos de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, durante una reunión sobre ese tema organizada la víspera en Hanói por el Ministerio de Información y Comunicación en coordinación con la Oficina Permanente del Comité Directivo de Derechos Humanos.
Según Duy Kien, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la Constitución de 2013, considerada el pináculo de las actividades constitucionales para proteger los derechos humanos.
Sólo en el período 2016-2021, el Parlamento del país indochino emitió hasta 72 leyes, dos ordenanzas y numerosas resoluciones que contienen normas jurídicas, incluidas leyes que ocupan una posición y un papel importante en la materia, señaló.
Sin embargo, además de los resultados obtenidos, el sistema jurídico vietnamita en general y la aplicación de las leyes relacionadas con los derechos humanos en particular todavía tienen muchas limitaciones, subrayó.
Ante la necesidad de elaborar, completar y desplegar de manera eficaz los documentos jurídicos de conformidad con las disposiciones sobre dicha materia de la Constitución de 2013, Duy Kien citó la declaración del XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam que señala la necesidad de construir un sistema legal sincrónico, abierto, transparente y estable, con el fin de tomar los derechos e intereses legales y legítimos de las personas y las empresas como foco.
Al mismo tiempo, debe mejorar el sistema jurídico de conformidad con los tratados internacionales y los compromisos internacionales que Vietnam ha firmado, expresó.
El experto opinó que la orientación hacia 2030 y la visión hacia 2045 deben centrarse en la elaboración y el perfeccionamiento de leyes para garantizar la implementación de los derechos civiles de toda la población.
En consecuencia, los organismos competentes necesitan revisar periódicamente los documentos legales para detectar y eliminar las actas que contravengan las normas de derechos humanos estipuladas en la Constitución y las leyes.
Además, deben fortalecer el aparato de aplicación de la ley, definir de manera específica los poderes y responsabilidades de las agencias estatales, y ejercer control sobre el poder estatal en la protección de las garantías sociales.
