La directiva responde a la significativa desaceleración en la ejecución de los recursos internacionales en el país. Según datos del Ministerio de Finanzas, al 15 de junio de 2026, la tasa media nacional de desembolso de capital público de origen externo se situó en apenas el 9,99 por ciento del plan asignado, un nivel inferior al de la ejecución de los fondos internos.
En detalle, los ministerios y organismos centrales alcanzaron un 10,79 por ciento de ejecución, mientras que las administraciones locales registraron un 9,37 por ciento. La tasa de reajuste de préstamos locales fue del 8,98%, y en varios organismos la ejecución se mantuvo en el 0 por ciento, según las cifras oficiales.
Ante este escenario, el Gobierno calificó la optimización de los fondos externos como una prioridad política de primer orden y vinculó su cumplimiento a la responsabilidad directa de ministros, jefes de agencias ministeriales y presidentes de comités populares provinciales y municipales, quienes deberán responder ante el Ejecutivo por los retrasos, la selección inadecuada de créditos o las ineficiencias en sus respectivas áreas.
Para abordar los factores estructurales que frenan la ejecución -como la lenta liberación de terrenos, deficiencias en las licitaciones públicas, limitada capacidad de las unidades de gestión y frecuentes modificaciones de diseño que obligan a renegociar acuerdos con financiadores internacionales- la directiva prohíbe la aprobación de proyectos que no demuestren viabilidad técnica, no cuenten con capital de contrapartida nacional asegurado o presenten riesgos de despilfarro de recursos públicos.
Asimismo, el documento establece una estricta priorización de la asignación presupuestaria hacia proyectos estratégicos con alto impacto en la conectividad interregional y capacidad de generar motores de crecimiento a largo plazo, en línea con la Conclusión Nº 18-KL/TW del Comité Central del Partido Comunista sobre desarrollo socioeconómico e inversión pública.
Como parte de estas medidas, el Gobierno decidió no asignar fondos a agencias con historial de inactividad prolongada y ordenó transferir de inmediato los recursos no utilizados de proyectos atrasados hacia obras con mayor ritmo de ejecución.
Con el propósito de mejorar la transparencia en la gestión de la deuda pública y prevenir prácticas irregulares como el favoritismo en la contratación o la inflación de costos de inversión, se reforzarán los mecanismos de auditoría en todo el ciclo de la AOD. Además, el porcentaje de ejecución mensual será un indicador vinculante para evaluar el desempeño de los funcionarios y aplicar sanciones disciplinarias estrictas a quienes obstaculicen los cronogramas.
La directiva también encomienda al Ministerio de Finanzas simplificar los procedimientos administrativos con los donantes internacionales y exige a todos los ministerios elaborar un plan detallado de ejecución mensual para el resto de 2026, que deberá ser presentado antes del 10 de julio del año en curso.
