El jefe de Gobierno recalcó que el objetivo es eliminar las dificultades en los procedimientos y procesos para el desarrollo de las viviendas sociales y el mercado de bienes raíces, asegurando la transparencia y la sostenibilidad.
Esto garantizará que los ciudadanos elegibles puedan acceder a un hogar de la manera más rápida, barata y conveniente, al tiempo que impulsará el desarrollo de la vivienda social y el sector inmobiliario, en aras de la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, el fomento del crecimiento y la garantía de los grandes equilibrios, argumentó.
Dijo que el desarrollo de viviendas sociales es una política humanitaria y una orientación importante del Partido y el Estado, que busca garantizar el derecho a la vivienda de las personas, asegurando que "nadie se quede atrás", y considera la inversión en viviendas sociales como una contribución al desarrollo.
Las viviendas sociales deben contar con infraestructuras completas de transporte, electricidad, agua, telecomunicaciones, servicios sociales, salud, cultura, educación y recreación, garantizando que todos los ciudadanos elegibles tengan acceso igualitario, remarcó.
Repasando los resultados en el último tiempo, el dirigente señaló que la oferta de vivienda social sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda; falta un presupuesto preferencial estable; el precio de venta todavía resulta inadecuado para la mayoría de los pobladores de ingresos bajos y medios; el terreno para el desarrollo de dichas instalaciones se encuentra lejos de los centros y carece de conexión con infraestructura técnica y social; la implementación de muchos proyectos sigue siendo lenta; y algunos inversores aún presentan una capacidad limitada.
En tal sentido, instó a los Ministerios, agencias, localidades, empresas e inversionistas a impulsar el desarrollo sano, rápido y sostenible del mercado inmobiliario, especialmente el de viviendas sociales. Para la identificación de los beneficiarios, un proceso propenso a irregularidades, se requiere asignar la responsabilidad a la agencia correcta, reducir la inspección previa y aumentar la revisión posterior. Para los trabajadores independientes, la confirmación de elegibilidad será responsabilidad de la policía local.
El premier ordenó revisar los formularios de declaración, simplificar los procedimientos e implementar la presentación de solicitudes tanto en persona como en línea. Hizo un llamado a las empresas que poseen terrenos elegibles a coordinarse con las autoridades locales en la construcción de viviendas sociales y proponer soluciones asequibles para la población. Asimismo, se debe movilizar el máximo capital para el desarrollo de viviendas sociales, incluyendo presupuesto y préstamos, y estudiar experiencias internacionales.
Asimismo, exigió la aplicación de “cinco garantías”: garantizar la disciplina y la transparencia en el proceso de aprobación, compraventa y alquiler; la inspección, la vigilancia y la prevención de las manifestaciones negativas; la equidad, apuntando a los beneficiarios correctos y precios razonables; el manejo estricto de la intermediación ilegal; y la creación de condiciones favorables para que las empresas con terrenos propicios cooperen con el Estado.
Los inversores deben seguir estrictamente los procedimientos de compraventa; publicar información transparente sobre los proyectos; garantizar que la política llegue a los destinatarios correctos y prevenir los actos de violación; aplicar soluciones de tecnología digital para reducir la sobrecarga de trámites; y controlar la calidad de la construcción, el cumplimiento de los plazos, el precio de venta y la identificación de los beneficiarios.
El primer ministro solicitó a las asociaciones empresariales que continúen contribuyendo al perfeccionamiento de las instituciones y políticas del mercado inmobiliario, particularmente con relación a las viviendas sociales.