La modificación de esta ley resulta necesaria, dado que la versión de 2015 no abarca plenamente la realidad, carece de disposiciones sobre la medida de “prohibición de abandonar el lugar de residencia” y aún presenta limitaciones en las normas relativas a la gestión, supervisión y políticas aplicadas a las personas detenidas o arrestadas.
El proyecto de ley amplía el ámbito de regulación, perfecciona los mecanismos de gestión y supervisión, además de reajustar competencias entre los distintos niveles de la policía, en el contexto de la reorganización del aparato estatal. También refuerza la aplicación de la ciencia y la tecnología, a fin de garantizar los derechos e intereses legítimos de las personas detenidas y arrestadas.
La normativa define la estructura y modelo de los órganos encargados de la gestión y ejecución de la detención, el internamiento preventivo y la prohibición de salir del lugar de residencia; el régimen aplicable a las personas detenidas, arrestadas o condenadas a muerte; y las disposiciones específicas para menores de 18 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de 36 meses. Asimismo, establece procedimientos para la tramitación de denuncias y reclamaciones durante la ejecución de estas medidas.
El Parlamento también analizará los proyectos de Ley de Ejecución Penal (modificada) y la enmienda de algunos artículos de la Ley de Precios.
Las modificaciones a la Ley de Ejecución Penal buscan ajustar el modelo organizativo del sistema correspondiente al nuevo aparato administrativo, incorporar disposiciones que garanticen los derechos humanos y ciudadanos, y promover la aplicación de ciencia, tecnología y datos biométricos en la gestión y ejecución de las sentencias.
Por su parte, el proyecto de enmienda de la Ley de Precios perfecciona las normas sobre la denominación de bienes y servicios sujetos a regulación estatal, las formas y competencias de fijación de precios, la inspección especializada, y la actualización de los nombres de ministerios y organismos conforme a la nueva estructura gubernamental.
También incluye nuevas disposiciones sobre los servicios de infraestructura en zonas industriales, económicas y de alta tecnología financiadas con fondos presupuestarios.