Entre las principales decisiones, se aprobó la Ley de Inspección (modificada), que reorganiza el sistema de organismos de inspección a nivel nacional, estableciendo dos niveles: la inspección del Gobierno y la inspección provincial y municipal.
Además, se reconocen organismos de inspección específicos en sectores como las fuerzas armadas, la policía y el Banco Estatal. La ley también amplía las funciones y competencias de la Inspección del Gobierno, particularmente en la supervisión de asuntos complejos que involucran a múltiples ministerios y autoridades locales.
El Parlamento también aprobó la creación del Tribunal Popular Regional, un nuevo nivel judicial con mayor capacidad y competencias para atender casos civiles, administrativos, comerciales, laborales y de quiebra en primera instancia, sustituyendo los tribunales de distrito.
Los tribunales provinciales ejercerán supervisión y resolución de apelaciones y revisiones para asegurar la aplicación coherente de la ley.
Se extendió la vigencia de los documentos normativos emitidos por las autoridades de nivel distrito hasta el 28 de febrero de 2027, para facilitar la revisión y ajuste tras la reorganización administrativa. Además, se ampliaron las competencias normativas de las autoridades locales conforme a la estructura gubernamental recientemente aprobada.
La Ley de Manejo de Infracciones Administrativas fue modificada para aumentar el monto máximo de multas sin necesidad de levantar acta, duplicándolo a 500 mil VND (19,12 dólares) para personas físicas y un millón de VND para organizaciones.
También se establecieron sanciones más severas en áreas como datos digitales, industria tecnológica y protección ambiental marina. Se autoriza la venta de bienes y vehículos incautados en casos específicos para evitar daños o riesgos.
La AN adoptó además una resolución para mejorar la calidad y eficiencia del trabajo de los diputados, fomentando el uso de tecnologías digitales y estableciendo límites de tiempo para intervenciones en las sesiones, con flexibilidad para la gestión de los debates.
Por otro lado, la Ley de Presupuesto del Estado (modificada) permite al Gobierno y a los consejos provinciales mayor autonomía en la elaboración y ajuste de los presupuestos, siempre respetando los límites legales de endeudamiento.
Asimismo, se aprobaron modificaciones a ocho leyes relacionadas con inversión pública, licitaciones, aduanas, impuestos y gestión de bienes públicos, con el objetivo de eliminar obstáculos administrativos y promover la innovación tecnológica y la digitalización. Destaca la resolución de problemas relacionados con la disminución de ingresos de proyectos de concesión vial (BOT) firmados antes de 2021.
El órgano Legislativo ratificó también la resolución para establecer el Consejo Electoral Nacional (CEN) con un total de 19 integrantes.
Según lo dispuesto en la resolución, el titular del órgano legislativo ejercerá como presidente del CEN. Cuatro vicepresidentes acompañarán la gestión, entre ellos un vicepresidente de la Asamblea Nacional (quien también encabeza el Subcomité de Recursos Humanos), un viceprimer ministro, el presidente del Frente de la Patria y la subjefa de Estado.
Los miembros del Consejo incluyen a dirigentes de organismos del Partido, del Estado y de organizaciones sociopolíticas.
El CEN será responsable de organizar las elecciones de diputados a la AN de la XVI Legislatura, así como de dirigir y orientar las elecciones de los consejos populares en todos los niveles para el período 2026–2031, conforme a la legislación vigente. También trabajará en coordinación con el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria y otras entidades pertinentes para cumplir con sus funciones.