En su intervención, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que en los últimos tiempos la Ley del Presupuesto Estatal de 2025 y la Ley de Inversión Pública de 2024, modificada y complementada en 2025, han sido objeto de importantes ajustes para institucionalizar las directrices y resoluciones del Partido.
Estas modificaciones buscan garantizar el papel rector del presupuesto central y la autonomía de los presupuestos locales, responder a las exigencias del modelo de administración local de dos niveles y, al mismo tiempo, impulsar la descentralización y la delegación de competencias, así como eliminar obstáculos y cuellos de botella en la inversión pública, indicó.
Sin embargo, dijo, la coexistencia de ambas leyes sigue generando diversas limitaciones. Algunas disposiciones relativas a competencias, documentación, procedimientos y plazos entre el proceso de elaboración del presupuesto estatal y la planificación de la inversión pública se solapan, lo que provoca duplicación de trámites. Asimismo, el Plan Financiero Quinquenal y el Plan de Inversión Pública a Mediano Plazo aún no están suficientemente articulados.
Por ello, la unificación de ambas leyes resulta necesaria para establecer un mecanismo de gestión de las finanzas públicas coordinado y coherente, reducir procedimientos, plazos y costos de cumplimiento, y mejorar la eficiencia en la movilización, administración y utilización de los recursos presupuestarios al servicio de los objetivos de crecimiento, destacó.
Según Ngo Van Tuan, el proyecto de ley se elaboró con el criterio de conservar al máximo las disposiciones eficaces de las dos normativas vigentes, introduciendo al mismo tiempo ajustes acordes con las necesidades de la unificación y la simplificación de los procedimientos administrativos.
El documento regulará únicamente las cuestiones de carácter fundamental que competen al Parlamento, mientras que los procedimientos y otros asuntos sujetos a cambios frecuentes serán detallados por el Gobierno.
Está previsto que la Ley del Presupuesto Estatal (unificada) conste de 10 capítulos y 102 artículos. Entre sus principales contenidos figura la integración del Plan Financiero Quinquenal con el Plan de Inversión Pública a Mediano Plazo, así como la incorporación del plan anual de inversión pública al proyecto anual de presupuesto estatal. También se prevé unificar los principios, criterios y normas de gasto para los gastos corrientes y de inversión.
El proyecto revisa y armoniza, además, las competencias y responsabilidades de la Asamblea Nacional, su Comité Permanente, el Gobierno, el primer ministro, los ministerios, sectores, localidades y demás organismos pertinentes en la gestión presupuestaria y la inversión pública.
En particular, la evaluación de la eficacia de las inversiones se realizará durante todo el proceso, desde la elaboración, evaluación, aprobación y asignación de capital hasta la ejecución, gestión y utilización de los recursos y la operación de los proyectos una vez concluidos.
Algunas cuestiones específicas relacionadas con la inversión pública serán reguladas posteriormente por el Gobierno para garantizar una gestión más proactiva y flexible, entre ellas los criterios para clasificar los proyectos en los grupos A, B y C, así como los procedimientos para aprobar las políticas y decisiones de inversión de los programas y proyectos que no sean competencia de la Asamblea Nacional.
El proyecto también modifica determinadas normas sobre la gestión presupuestaria, incluidas las relativas a la asignación y utilización de los ingresos adicionales generados durante la ejecución presupuestaria y al empleo de reservas, fondos de contingencia, incrementos de ingresos y saldos de gasto para responder y hacer frente a situaciones de emergencia en beneficio del interés nacional.
Al examinar el proyecto, la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento propuso que la unificación permita superar efectivamente los solapamientos entre ambas leyes y establecer un proceso coherente para la gestión, elaboración, asignación, ejecución y liquidación del presupuesto estatal y de la inversión pública.
El órgano también recomendó impulsar la descentralización y la delegación de competencias, acompañadas de una clara definición de atribuciones y responsabilidades, conforme al principio de que “las localidades deciden, ejecutan y asumen la responsabilidad”, vinculando las competencias con los recursos y las tareas asignadas.
El mecanismo de gestión de la inversión pública debe orientarse con mayor firmeza hacia una evaluación basada en los resultados y la eficiencia en el uso del capital, con una definición clara de las responsabilidades de los organismos competentes y de sus responsables.
En cuanto al control de la eficacia de la inversión pública, la Comisión de Economía y Finanzas consideró necesario que el proyecto establezca con mayor precisión los criterios para evaluar la eficiencia de los proyectos, las responsabilidades de las autoridades que aprueban las inversiones y de los inversionistas, así como los mecanismos de evaluación tras la finalización de las obras, la publicación de los resultados y la exigencia de responsabilidades en los casos de proyectos que no alcancen sus objetivos o registren una baja eficiencia.
Sobre esta base, propuso encargar al Gobierno la elaboración de disposiciones detalladas para garantizar una aplicación coherente de la futura ley.
