Este documento revisado incluye siete capítulos y 76 artículos que abarcan normas sobre planificación, ejecución, auditoría, finalización, transparencia y supervisión presupuestaria. También detalla las responsabilidades y facultades de los organismos, organizaciones, unidades y personas que participan en el proceso de elaboración del presupuesto estatal.
Entre los cambios clave se incluye la reducción de la clasificación de las autoridades locales de tres a dos grupos, así como el aumento de los límites de endeudamiento permitidos para las administraciones locales. El proyecto también introduce un principio que prioriza la asignación presupuestaria a ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.
Permite que ciertos gastos se financien tanto con inversión pública como con fuentes de gasto corriente, aumenta las asignaciones del fondo de reserva del 2% al 5% y amplía el alcance del gasto de dicho fondo para incluir actividades diplomáticas de emergencia, reservas nacionales y la participación en las pérdidas en proyectos de colaboración público-privada (APP).
Un nuevo artículo describe las facultades y responsabilidades del Primer Ministro en la supervisión de los ingresos y gastos estatales. El proyecto también propone un marco revisado para la distribución de los ingresos del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Tras deducir las devoluciones del IVA, el 70 % se destinaría al presupuesto central y el 30% a los presupuestos locales.
El mismo día, los legisladores debatirán proyectos de ley sobre asistencia jurídica mutua en materia penal y civil, un proyecto de ley sobre modificaciones y adiciones a varios artículos del Código de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Justicia Juvenil, la Ley de Quiebras y la Ley de Mediación y Diálogo en los Tribunales.