El plan tiene como objetivo continuar aplicando de manera eficaz la Constitución de 2013, las leyes relacionadas y la Decisión No. 1100/QD-TTg de 2016 del Primer Ministro sobre la implementación de la Convención CDPD.
Asimismo, busca definir con claridad la hoja de ruta para cumplir la Convención y las recomendaciones formuladas tras el primer diálogo con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2025.
De esta manera, se contribuirá a garantizar los derechos y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a servicios y beneficios en ámbitos como la salud, la educación, la cultura, el deporte, el turismo y el empleo.
Al mismo tiempo, se pretende elevar la conciencia, la responsabilidad y la eficacia de la coordinación entre ministerios, sectores y autoridades locales en la implementación de la Convención CDPD, así como reforzar la cooperación internacional en materia de apoyo a las personas con discapacidad.
El plan se centra en perfeccionar el sistema jurídico, aumentar la eficacia en la aplicación de las políticas, impulsar la comunicación y la educación sobre los derechos de las personas con discapacidad, ampliar la cooperación internacional y cumplir plenamente las obligaciones de presentación de informes establecidas en la Convención CRPD.
Las autoridades competentes revisarán la normativa vigente relacionada con las personas con discapacidad y propondrán modificaciones a las disposiciones que presenten superposiciones o dificultades de aplicación.
Asimismo, se elaborarán criterios para evaluar los resultados de la implementación de las tareas en cada sector y nivel administrativo.
El plan también exige definir claramente las competencias y responsabilidades de los organismos, organizaciones e individuos en la ejecución de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad; vincular la responsabilidad de los directivos con los resultados obtenidos; fortalecer las capacidades del personal funcionario y garantizar los recursos necesarios para la implementación de las políticas.
