Desde la reforma institucional y el perfeccionamiento del marco jurídico hasta la ampliación del espacio de inversión, fundamentalmente en infraestructuras estratégicas, una serie de decisiones firmes están sentando las bases para que las empresas privadas se desarrollen con mayor dinamismo.
El espíritu central de la Resolución 68 es pasar de una mentalidad de “gestión” a una de “creación de condiciones”, de un apoyo meramente administrativo a la protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas, así como diseñar mecanismos y políticas capaces de generar confianza para inversiones a largo plazo. Tras la promulgación de la resolución, el Gobierno y los ministerios han emitido rápidamente diversos documentos de implementación con un alto grado de sincronización, lo que refleja la determinación de llevar las orientaciones políticas a la práctica.
A principios de 2026, el Gobierno promulgó la Resolución 01/NQ-CP sobre las principales tareas y soluciones para ejecutar el plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de este año, así como la Resolución 02/NQ-CP para mejorar el entorno empresarial y elevar la competitividad nacional. Ambos documentos se centran en la reforma institucional, la simplificación de procedimientos y el aumento de la transparencia y la previsibilidad de las políticas.
Además, la promulgación del Decreto 20/2026/ND-CP, que guía la Resolución 198/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre algunos mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del sector privado, continúa concretando el compromiso estatal con este ámbito. Destaca el diseño de incentivos fiscales para las actividades de investigación y desarrollo (I+D), que permite a las empresas deducir el doble de los gastos de I+D al calcular el ingreso sujeto a impuestos y destinar hasta el 20 por ciento de ese ingreso a fondos de I+D, lo que fomenta la innovación y la transformación digital.
Uno de los aspectos más visibles tras la implementación de la Resolución 68 es el creciente papel del sector privado en la inversión en infraestructuras. Según el Ministerio de Finanzas, después de tres rondas de inicio y puesta en marcha de proyectos clave en 2025, el país cuenta con 564 proyectos con una inversión total movilizada de unos 196 mil millones de dólares, de los cuales el sector privado aporta más de 146 mil millones de dólares, equivalente al 74,6 por ciento del total.
La práctica de inversión de grandes conglomerados privados muestra un cambio notable en escala y capacidad de ejecución.
De acuerdo con Nguyen Thai Ha, director general del Grupo Energético T&T, su empresa se orienta hacia el desarrollo de plataformas de infraestructura vinculadas con energía, logística, transporte y espacios económicos y urbanos, en conformidad con la planificación y las orientaciones estatales.
De manera similar, la participación del sector privado en la construcción del Centro de Conferencias y Exposiciones de APEC en la isla de Phu Quoc refleja su creciente papel en proyectos de escala nacional. Representantes empresariales señalan que participar en estas obras no solo constituye una oportunidad, sino también una responsabilidad de acompañar al país en momentos estratégicos.
Desde la perspectiva académica, Nguyen Quoc Viet, de la Universidad de Economía de la Universidad Nacional de Hanoi, consideró que al participar en grandes proyectos, las empresas vietnamitas, incluidas muchas privadas, han acumulado capacidades tecnológicas, de gestión y de organización de obras, lo que les permite asumir proyectos de infraestructura de gran escala en el futuro si cuentan con la confianza del Estado.
Paralelamente, se están promoviendo reformas administrativas y un mayor acceso al financiamiento. El Gobierno se ha fijado el objetivo de aplicar la política de “tres reducciones”: reducir en un 30 por ciento los costos, los procedimientos y las condiciones de negocio, considerando la reforma administrativa como un factor clave para ahorrar tiempo y recursos a las empresas.
En el ámbito financiero y bancario, Nguyen Tri Hieu, director del Instituto de Investigación y Desarrollo del Mercado Financiero e Inmobiliario Global, subraya la necesidad de fortalecer el papel de los fondos de garantía crediticia para facilitar el acceso de las empresas privadas al capital. Cuando los bancos puedan ampliar el crédito mediante estos mecanismos, el flujo de capital a mediano y largo plazo para la economía se desbloqueará con mayor eficacia.
No obstante, para que la Resolución 68 despliegue plenamente sus efectos, sigue siendo esencial eliminar los cuellos de botella relacionados con procedimientos, marcos jurídicos y coordinación intersectorial. Diversas empresas puntualizan que el sistema legal aún carece de suficiente coherencia y estabilidad, lo que dificulta la elaboración de planes de inversión a largo plazo.
Los expertos también consideran que, junto con la reforma institucional, las propias empresas deben mejorar sus capacidades de gestión, finanzas y recursos humanos. En particular, las pequeñas y medianas empresas necesitan planes de negocio y estrategias financieras a largo plazo para fortalecer su desarrollo sostenible.
Tras casi un año de aplicación, la Resolución 68 ha generado cambios importantes en la mentalidad y en los mecanismos para el desarrollo de la economía privada. A medida que se continúen eliminando los obstáculos y se implementen las políticas de manera coordinada, se espera que el sector privado se convierta en un motor central para impulsar un crecimiento rápido y sostenible de la economía vietnamita en la próxima etapa.
