Mientras que en el pasado las vulneraciones se concentraban en la impresión clandestina, las fotocopias con fines comerciales o las reediciones no autorizadas, hoy las prácticas ilícitas se han desplazado al espacio digital y han adquirido una dimensión mucho más sofisticada.
En muchos casos, apenas unos días después de su lanzamiento, las publicaciones electrónicas son escaneadas, convertidas en archivos PDF, EPUB o audiolibros y distribuidas a través de redes sociales, sitios web piratas, aplicaciones de lectura gratuita, plataformas de almacenamiento en la nube o grupos cerrados en internet.
Las empresas del sector advierten que la difusión de estos contenidos ilegales se produce a una velocidad cada vez mayor. A ello se suma el uso indebido de la inteligencia artificial (IA), empleada para reproducir libros en formato de vídeo o transmisiones en directo, así como para generar productos derivados a partir de obras protegidas sin la autorización de sus titulares.
De acuerdo con informes especializados, las pérdidas ocasionadas por las infracciones de derechos de autor en el ámbito de los contenidos digitales en Vietnam rozan anualmente los 266 millones de dólares.
La lucha contra ese fenómeno enfrenta importantes obstáculos. Los infractores suelen operar mediante plataformas transfronterizas, servidores ubicados en el extranjero, cuentas anónimas o dominios que cambian constantemente para evadir las medidas de control y sanción.
Otro desafío radica en la dificultad para transformar las denuncias sobre este tipo de infracción en pruebas jurídicas sólidas. La dispersión de los datos, el almacenamiento fragmentado de los contratos de derechos y la falta de mecanismos centralizados de consulta y estándares comunes limitan la capacidad de las autoridades para actuar con rapidez y eficacia.
Ante tal realidad, expertos y empresas coinciden en que la protección de los derechos de autor en el entorno digital no puede depender únicamente de acciones posteriores a la infracción. Por el contrario, resulta necesario establecer desde el inicio un sistema integral de gestión de derechos que combine herramientas tecnológicas, bases de datos y un marco legal adecuado.
Con ese objetivo, el Despacho Oficial 38/CD-TTg emitido por el Primer Ministro de Vietnam impulsa un cambio de enfoque: pasar de la reacción ante las infracciones a una estrategia de prevención activa, sustentada en la tecnología y en la coordinación entre organismos competentes.
Según la Autoridad de Derechos de Autor, las medidas prioritarias incluyen exigir a las plataformas intermediarias la retirada de contenidos ilícitos en un plazo de entre 24 y 72 horas, desarrollar mecanismos de protección frente al uso indebido de obras protegidas para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y reforzar las sanciones administrativas y penales contra las infracciones organizadas.
Por parte del sector empresarial también se reclama una actualización del marco regulatorio. Entre las propuestas figuran la definición más clara de las responsabilidades de las plataformas digitales y los proveedores de servicios, la incorporación de normas específicas para combatir la distribución ilegal de publicaciones electrónicas, el fortalecimiento de las disposiciones sobre pruebas digitales y la regulación del uso de materiales protegidos en el entrenamiento de sistemas de IA.
Asimismo, ha cobrado fuerza la propuesta de crear un Centro de Derechos de Autor para la industria editorial, encargado de verificar la titularidad de las obras, estandarizar la información sobre derechos, rastrear el origen de las publicaciones y apoyar la gestión de las infracciones. La creación de una base de datos centralizada permitiría una mayor transparencia en la explotación de los derechos y facilitaría la conexión entre editoriales, distribuidores y plataformas digitales mediante una infraestructura común.
En paralelo, las empresas dedicadas a la publicación digital han comenzado a reforzar sus sistemas de protección mediante tecnologías como la gestión de derechos digitales (DRM), marcas de agua identificativas, mecanismos de control de acceso y herramientas basadas en inteligencia artificial y Big Data para detectar y rastrear contenidos infractores en Internet.
Los especialistas consideran que, en un contexto de acelerada transformación digital, la gestión de los datos de derechos de autor, las tecnologías de administración de derechos y la cooperación interinstitucional se convertirán en los pilares de un mercado editorial digital más transparente y sostenible.
A largo plazo, subrayan también la importancia de fortalecer la conciencia social sobre la propiedad intelectual, fomentar el consumo de publicaciones legales y promover una cultura digital responsable, elementos esenciales para garantizar el desarrollo sostenible de la industria editorial.
