La resolución tiene como objetivo elevar la eficiencia del uso de los recursos estatales y servir de impulso para atraer inversiones privadas destinadas al desarrollo de infraestructuras estratégicas y modernas, contribuyendo así al crecimiento económico rápido y sostenible, así como a la garantía de la defensa y la seguridad nacionales.
De acuerdo con el documento, la inversión pública representará entre el 20 y el 22 por ciento del capital total de inversión social durante el quinquenio 2026-2030.
Asimismo, se proyecta que el gasto destinado a la inversión para el desarrollo constituya aproximadamente el 40 por ciento del gasto total del presupuesto estatal, con el objetivo de alcanzar una tasa de desembolso superior al 95 por ciento del plan asignado.
Como parte de una reforma administrativa y financiera, el Gobierno se propone concentrar los recursos en proyectos clave, reduciendo al menos un 30 por ciento el número de proyectos en comparación con el período 2021-2025 para evitar la dispersión de fondos.
De la cifra aprobada por el Parlamento, 3,8 millones de millones de dongs provendrán del presupuesto central, mientras que 4,42 millones de millones de dongs serán financiados por los presupuestos locales.
El plan también prevé una reserva equivalente al 10 por ciento del capital del presupuesto central para responder a situaciones imprevistas durante el proceso de ejecución, cuya gestión deberá cumplir estrictamente las disposiciones de las leyes sobre inversión pública y presupuesto estatal.
A nivel local, los Consejos Populares tendrán facultad para decidir sobre sus respectivas reservas de inversión conforme a la legislación vigente y la capacidad real de recaudación.
La Asamblea Nacional ha instruido al Gobierno para que dirija la asignación de capital basándose en los resultados de producción y el impacto socioeconómico de cada obra. El Ejecutivo deberá completar con urgencia los expedientes de los proyectos de importancia nacional para su presentación ante el Legislativo, además de simplificar los trámites administrativos en la implementación de los programas de objetivos nacionales.
Se enfatiza la necesidad de una supervisión rigurosa y la aplicación de sanciones severas ante cualquier violación, asegurando que la inversión pública no incremente el déficit de los presupuestos locales y se traduzca en una mejora tangible del bienestar social y la infraestructura del país.
