Según el plan, el capital total de inversión pública proveniente del presupuesto estatal en 2026 alcanzará casi 38,28 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente 3,57 mil millones de dólares en comparación con 2025.
De esta cifra, más de 13,27 mil millones de dólares corresponden al presupuesto central y más de 25 mil millones de dólares a los presupuestos locales. Incluyendo los fondos adicionales aportados de forma autónoma por las localidades y los recursos transferidos de años anteriores, el volumen total de inversión pública en 2026 superará 38,78 mil millones de dólares. Este dato refleja la firme determinación del Gobierno de utilizar la inversión pública como motor principal para alcanzar un crecimiento superior al 10 por ciento.
En el primer trimestre de 2026, el desembolso de inversión pública alcanzó 4,24 mil millones de dólares, equivalente al 11 por ciento del plan asignado por el primer ministro, superando tanto en tasa como en valor absoluto al mismo período de 2025.
Nguyen Thi Huong, directora de la Oficina Nacional de Estadística, afirmó que la inversión pública es considerada uno de los factores clave que contribuyeron a que el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre creciera un 7,83 por ciento, en un contexto global aún inestable y con un aumento de los costos de insumos.
Sin embargo, según observan los expertos económicos, esta cifra aún no alcanza el objetivo del 9,1 por ciento establecido en el escenario previsto, lo que genera una fuerte presión sobre los trimestres restantes, donde el crecimiento deberá superar el 10 por ciento.
Según la representante de la Oficina Nacional de Estadística, la inversión pública continúa desempeñando el papel de “capital semilla”, liderando la inversión social y fortaleciendo la capacidad productiva a largo plazo.
En 2026, estos recursos se concentran en grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Long Thanh, el ferrocarril de alta velocidad, las vías de circunvalación, autopistas y complejos urbanos deportivos, generando así efectos multiplicadores, reduciendo costos logísticos y promoviendo la atracción de inversión extranjera directa y capital privado.
Para acelerar el progreso, el Gobierno ha emitido de manera continua directrices, entre ellas la Resolución 89/NQ-CP, que exige a ministerios, sectores y autoridades locales monitorear de cerca la situación, gestionar de forma proactiva y esforzarse por desembolsar el 100 por ciento del capital planificado, garantizando el avance de proyectos clave a nivel nacional, interregional y de programas objetivos.
Sin embargo, la implementación aún enfrenta numerosas dificultades. Los resultados de encuestas muestran que el 44,4 por ciento de las empresas constructoras consideran que la actividad en el primer trimestre fue más difícil que en el trimestre anterior; el 70,1 por ciento enfrenta una fuerte presión por el aumento de los precios de los materiales; y el 26,6 por ciento sufre interrupciones en la cadena de suministro.
Además, los atrasos en los pagos en el sector de la construcción afectan al 25,2 por ciento de las empresas con presiones financieras significativas, mientras que el 21,2 por ciento carece de capital para la producción y los negocios.
Asimismo, el avance de las obras se ve afectado por retrasos en la liberación de terrenos (16,2 por ciento de las empresas), trámites administrativos complejos (19,9 por ciento) y la escasez de mano de obra cualificada (18,7 por ciento). Estos factores no solo reducen la capacidad de ejecución, sino que también impactan directamente en el ritmo de desembolso de la inversión pública.
Ante esta situación, Huong consideró necesario implementar soluciones integrales: controlar y estabilizar los precios de los materiales de construcción; resolver definitivamente los atrasos en pagos y acelerar la liquidación de proyectos para desbloquear el flujo de caja; reformar los procedimientos administrativos y agilizar la liberación de terrenos. Solo al eliminar estos obstáculos las empresas constructoras podrán participar de manera eficaz, contribuyendo así a acelerar el desembolso de la inversión pública y a promover un crecimiento económico sostenible.
