El ministro de Industria de Tailandia, Warawut Silpa-archa, informó sobre las medidas para gestionar y resolver el problema de los residuos electrónicos y señaló que el Comité para la Solución del Problema de los Residuos Electrónicos, presidido por la viceprimera ministra y ministra de Comercio, Supajee Suthumpun, ha establecido mecanismos concretos y un marco de coordinación entre los organismos competentes. Para impulsar una actuación conjunta, se han creado tres equipos especiales de trabajo.
Indicó que Tailandia cuenta actualmente con 3.049 instalaciones industriales dedicadas al tratamiento, reciclaje y gestión de residuos, de las cuales más de 1.500 se encuentran en cinco provincias: Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachinburi y Samut Prakan. Estas localidades constituyen también los principales objetivos de la campaña de inspecciones conjuntas que comenzará el 1 de noviembre.
Las inspecciones se centrarán en las zonas de alto riesgo, aquellas sobre las que se hayan recibido denuncias y los casos en que se hayan emitido previamente órdenes de subsanación que no hayan sido cumplidas, ya que en el pasado las empresas implicadas solían solicitar prórrogas para acatar dichas órdenes.
En las inspecciones participarán organismos dependientes del Ministerio de Industria, autoridades provinciales de recursos naturales y medio ambiente, administraciones locales, así como las fuerzas armadas y la policía.
Warawut también señaló que, aunque desde 2020 está prohibida la importación de residuos electrónicos, el contrabando continúa. Además, ha surgido un problema más reciente relacionado con la importación de carrocerías de automóviles trituradas y compactadas, que contienen cables y otros componentes, lo que convierte en ilegal la totalidad de cada fardo.
El ministro afirmó que, en los casos en que se han detectado infracciones en las fábricas, el Departamento de Obras Industriales ya ha adoptado medidas en numerosos ámbitos al amparo de los artículos 37 y 39 de la Ley de Fábricas, ha presentado demandas civiles y también emprenderá acciones penales.
En adelante, estos casos también serán investigados como delitos financieros, en coordinación con la Oficina contra el Blanqueo de Dinero (AMLO), con el objetivo de incorporar los delitos medioambientales al catálogo de delitos precedentes.
La Ley de Fábricas se encuentra actualmente en proceso de reforma para aumentar las sanciones y endurecer las penas.
