La ley enmendada estipula regulaciones sobre prevención, detección y manejo de delitos relacionados con la trata de personas; y la recepción, la verificación, la identificación y la provisión de apoyo y protección a las víctimas de ese crimen.
Especifica los roles y responsabilidades de varias entidades, incluyendo agencias gubernamentales, organizaciones, familias e individuos, en la prevención y el combate contra el tráfico humano.
La legislación también cubre la cooperación internacional en la prevención y la lucha contra el comercio de personas, alineándose con los esfuerzos globales para abordar ese problema.
La normativa recién aprobada tiene ocho capítulos y 63 artículos, reemplazando la legislación de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2025.