Según la propuesta del Gobierno, presentada por el ministro de Finanzas Ngo Van Tuan, el conflicto en el Medio Oriente ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la energía a nivel mundial, interrumpiendo el suministro y aumentando rápidamente los precios de los combustibles en el país, lo que afecta directamente a la producción, los negocios y la vida cotidiana de la población.
Aunque las medidas temporales de reducción de impuestos previas ayudaron a reducir los precios de los combustibles (con algunos productos reducidos en casi 0,23 dólares), estas solo tienen un carácter temporal, ya que el riesgo en el mercado sigue siendo alto.
Por lo tanto, el Gobierno ha propuesto que el Parlamento adopte una resolución con un plazo más largo para estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación y apoyar a las empresas y la ciudadanía.
Concretamente, el borrador propone reducir el impuesto ambiental sobre la gasolina (excepto etanol), el diésel y los combustibles para la aviación a 0 VND por litro; que esos productos no estén sujetos a declaración y pago del impuesto sobre el valor añadido, pero que aún se puedan beneficiar de la deducción del IVA soportado; y reducir el impuesto especial sobre el consumo de la gasolina a 0%.
El período de aplicación está previsto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Además, se propone otorgar al Primer Ministro la facultad de ajustar (acortar o extender) la vigencia de la resolución, asegurando flexibilidad según la evolución de los precios del petróleo a nivel mundial.
Al presentar el informe de verificación, el jefe de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, Phan Van Mai, dijo que el organismo está en su mayoría de acuerdo con la necesidad de adoptar la política, pero ha solicitado al Gobierno implementar medidas complementarias como la gestión de precios de manera transparente, garantizar el suministro, y reforzar la supervisión y el tratamiento de la especulación y el acaparamiento para mejorar la efectividad de la política.
La mayoría de las opiniones apoyan la aplicación hasta finales de junio de 2026, mientras que algunos sugieren considerar una extensión más allá de esa fecha para garantizar la estabilidad macroeconómica.
En cuanto a la facultad de ajuste, muchos legisladores están de acuerdo en que se debe delegar al Gobierno para asegurar flexibilidad y rapidez, y se ha propuesto incluir un mecanismo de supervisión y limitar el tiempo de aplicación en caso de extensión.
