El jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, Hoang Thanh Tung, expresó su acuerdo con las modificaciones propuestas por el Tribunal Popular Supremo en el proyecto de ley, que establece un modelo organizativo de los tribunales en tres niveles: Tribunal Popular Supremo, tribunales provinciales y tribunales regionales, con funciones y competencias claramente delimitadas.
En cuanto a los tribunales especializados vinculados al Centro Financiero Internacional, destacó que se trata de un asunto novedoso y complejo sin precedentes en Vietnam, por lo que el proyecto sólo establece principios básicos y orientaciones, dejando el desarrollo y la regulación detallada para futuras sesiones.
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que la reforma busca simplificar la estructura judicial, por lo que es fundamental aclarar la competencia de los tribunales regionales, especialmente en la transferencia de funciones y expedientes, para asegurar la continuidad y la protección de los derechos de organizaciones y ciudadanos.
También enfatizó la importancia de gestionar adecuadamente los bienes y las infraestructuras existentes, invertir en equipamiento moderno y fortalecer el cuerpo de jueces locales con ética y capacidad, para responder a la demanda actual y generar confianza en la población y las empresas.
En esa sesión, los diputados también revisaron el borrador de ley que modifica y complementa una serie de artículos del Código de Procedimiento Civil, así como las Leyes de Procedimiento Administrativo, de Justicia Juvenil, de Bancarrota, y de Mediación y Diálogo en Tribunales.
Sobre la competencia de los tribunales especializados, el Comité Permanente respaldó las enmiendas que buscan mayor claridad y transparencia. Así, la Corte Civil de los tribunales regionales tendrá competencia para conocer en primera instancia asuntos laborales.
Mientras, la Corte de Propiedad Intelectual en algunos tribunales regionales resolverá casos civiles, comerciales y mercantiles relacionados con propiedad intelectual, transferencia de tecnología y reclamaciones contra decisiones administrativas en estas materias.
La Corte de Bancarrota en algunos tribunales regionales atenderá demandas de quiebra, con competencia territorial según la ubicación del domicilio social de las empresas o cooperativas.
Por último, la Corte Económica, adscrita a los tribunales provinciales, conocerá en segunda instancia de las apelaciones y recursos sobre sentencias y decisiones civiles relacionadas con propiedad intelectual y transferencia tecnológica emitidas por tribunales regionales.
Finalmente, el Comité Permanente definirá con detalle la competencia y el ámbito territorial de estos tribunales especializados.