Asamblea Nacional de Vietnam elimina oficialmente la pena de muerte para ocho delitos

Esta nueva legislación entrará en vigor el 1 de julio de 2025. En total, la ley modifica 38 artículos e introduce una nueva disposición relacionada con el consumo de drogas.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos: actos destinados a derrocar al gobierno popular; sabotaje de infraestructuras estatales; fabricación y comercio de medicamentos falsificados, incluidos los usados para prevenir enfermedades; atentados contra la paz y actos de guerra de agresión; espionaje; transporte ilegal de narcóticos; malversación de fondos; y soborno.

Las personas que hayan sido condenadas a muerte por estos delitos antes del 1 de julio de 2025, pero que aún no hayan cumplido su sentencia, verán conmutada su pena por cadena perpetua, según lo determine el Presidente del Tribunal Supremo Popular.

En particular, en los casos de malversación y cohecho, los condenados a cadena perpetua solo podrán optar a una reducción de pena si devuelven al menos tres cuartas partes de los bienes sustraídos y colaboran activamente con las autoridades.

La ley también califica como un nuevo delito: el “consumo ilegal de estupefacientes”, que se aplicará únicamente a personas que estén en proceso de rehabilitación o que la hayan finalizado recientemente y vuelvan a consumir drogas.

Además, se han endurecido las sanciones para delitos relacionados con el medio ambiente, el narcotráfico y la seguridad alimentaria. Las multas por delitos ambientales, falsificación de productos y corrupción se han duplicado, en un esfuerzo por responder a las condiciones sociales y económicas actuales. El Código Penal es una ley fundamental que contribuye a la gestión social, la prevención del delito y la protección de los intereses del Estado, las organizaciones y los ciudadanos. Después de más de ocho años en vigor, y ante los numerosos cambios que ha experimentado el país, la ley ha mostrado varias limitaciones.

El Partido y el Estado han implementado nuevas políticas en materia de prevención del delito, las cuales deben ser incorporadas y actualizadas oportunamente en el Código. Por eso, resulta necesario modificar el Código Penal vigente.