La norma aprobada incluye modificaciones a la Ley de Valores con el objetivo mejorar la transparencia y eficiencia en la emisión y oferta de valores, el manejo del fraude y el perfeccionamiento de la base legal para las actividades de compensación de transacciones de valores.
Mientras tanto, los ajustes en la Ley de Contabilidad permiten adecuar las reglas de contabilidad, informes financieros y descentralización de la gestión; y las transformaciones en la Ley de Administración Tributaria buscan ajustar normas tributarias, devoluciones de impuestos y amplía la base recaudatoria de las plataformas de comercio electrónico.
Las novedades en la Ley de Auditoría Independiente fortalecerán la gestión estatal y la calidad de la auditoría, ampliando las materias obligatorias de auditoría; asimismo, los cambios a la Ley de Presupuesto del Estado modifican el mecanismo de gasto presupuestario y las regulaciones sobre proyectos de inversión pública, incluido el capital de asistencia oficial para el desarrollo. En el caso de las variaciones en la Ley de Gestión y Uso de Bienes Públicos posibilitarán implementar la descentralización y elevar la eficiencia de la gestión de los bienes públicos, incluidos los bienes territoriales y los recursos naturales.
Para la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adoptaron las modificaciones relativas a disposiciones de la legislación tributaria y de la administración tributaria. Se actualizaron además las regulaciones de la Ley de Reserva Nacional sobre las decisiones de liberación de bienes de reserva para asuntos exteriores y la descentralización de la autoridad de decisión presupuestaria.
Las variaciones a la Ley de Tratamiento de Infracciones Administrativas incluye ajustes relacionados con algunos contenidos de las legislaciones anteriores.
Estas enmiendas tienen como objetivo promover la reforma de la gestión, mejorar la eficiencia en la gestión financiera y fiscal, así como garantizar la transparencia y la equidad en las actividades socioeconómicas.