Según fuentes oficiales, la mencionada legislación (modificada) implica ocho capítulos y 53 artículos, y entrará en vigor el 7 de enero de 2024.
Esa ley busca proteger los intereses del estado, de la comunidad y también los derechos legítimos de las agencias, organizaciones e individuos, a la par de favorecer las transacciones electrónicas integrales, impulsando la transformación digital.
Como parte de la agenda, la Asamblea Nacional también aprobó con 476 votos a favor, del total de 482, la Resolución sobre asignación de listas de trabajo y capital para proyectos del Programa de recuperación y desarrollo socioeconómico; y el reajuste del Plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2021-2025 y distribución de presupuesto estatal central de los programas de Objetivos Nacionales.
En tal sentido, el Parlamento decidió designar los más de 581 millones de dólares restantes del Programa de recuperación y desarrollo socioeconómico a la implementación de los proyectos de los ministerios, órganos centrales y provincias, que fueron presentados en el actual período de reuniones parlamentarias.
Por otro lado, distribuirá 19,3 millones de dólares del Plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2021-2025, que habían sido designados para el programa de objetivos nacionales para el desarrollo socioeconómico de áreas habitadas por las etnias minoritarias, al Ministerio de Educación y Formación; y otros 1,13 mil millones de dólares del mencionado plan para los ministerios, órganos centrales y provincias.
Por otra parte, el Parlamento distribuirá 52,52 millones de dólares del presupuesto central de 2023 de los programas de Objetivos Nacionales sobre el desarrollo socioeconómico de áreas habitadas por las etnias minoritarias y sobre la construcción de nuevas zonas rurales a los ministerios, órganos centrales y provinciales.
