La directiva, dirigida a ministros, jefes de organismos de nivel ministerial y presidentes de los Comités Populares de provincias y ciudades bajo administración central, busca garantizar un uso más eficiente de los activos estatales y prevenir pérdidas, deterioro y despilfarro.
El documento exige a los ministerios y entidades centrales acelerar la revisión y puesta en funcionamiento de las sedes y terrenos que hayan quedado excedentes tras la reorganización institucional. Aquellos inmuebles que no se utilicen deberán ser transferidos sin demora a las autoridades locales para su gestión conforme a la ley.
Asimismo, fija un plazo máximo de 30 días para completar los trámites relacionados con los bienes entregados provisionalmente durante el proceso de reestructuración, a fin de que las autoridades competentes decidan su asignación o transferencia definitiva.
En el caso de las sedes y establecimientos públicos que continúen operando, el jefe de Gobierno ordena revisar su uso para asegurar que se ajusten a los estándares y normas vigentes. Las superficies que superen los límites establecidos deberán ser redistribuidas a otras entidades que las necesiten, garantizando criterios de ahorro y eficiencia.
Para las administraciones locales, el despacho subraya la necesidad de perfeccionar la normativa sobre descentralización en la gestión de activos públicos y de actualizar oportunamente los planes provinciales, de uso del suelo y de ordenamiento urbano y rural tras cualquier cambio de función de los inmuebles.
También instruye a las provincias y ciudades a elaborar y ejecutar con prontitud los planes de explotación de los bienes ya recuperados o transferidos a su gestión, con el objetivo de incorporarlos rápidamente al uso efectivo. En caso de no contar aún con un plan aprobado, deberán formularlo y someterlo a las autoridades competentes.
La directiva incluye además una revisión integral del uso de vehículos oficiales, maquinaria y equipos. Los bienes excedentes en buen estado deberán reasignarse a entidades con carencias, mientras que los inservibles serán liquidados y los recursos obtenidos ingresarán al presupuesto estatal.
La adquisición de nuevos activos deberá ajustarse al presupuesto aprobado y responder a las necesidades del nuevo modelo organizativo y a los objetivos de modernización, innovación y transformación digital.
El Ministerio de Finanzas será responsable de orientar y resolver las dificultades que surjan durante la implementación. El viceprimer ministro Ho Duc Phoc supervisará directamente la ejecución del despacho, mientras que la Oficina del Gobierno se encargará del seguimiento y la coordinación conforme a sus funciones.
