De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, 34 localidades han completado la gestión de 25 mil 885 instalaciones inmobiliarias, garantizando que el 100 por ciento cuente con una entidad responsable de su administración. Estos espacios han sido destinados a diversos usos, como sedes administrativas, centros educativos, instalaciones sanitarias y culturales, o bien asignados a unidades encargadas de su explotación conforme a la normativa vigente, con el objetivo de evitar el despilfarro y el uso indebido.
Paralelamente, las autoridades locales han dotado a las comunas de equipamiento y maquinaria tras la reorganización, al tiempo que continúan invirtiendo en su modernización para responder a las exigencias de la transformación digital y la reforma administrativa.
En la provincia sureña de Dong Thap, el proceso se ha llevado a cabo con especial determinación. El vicepresidente del Comité Popular provincial, Tran Van Dung, informó que, tras la reorganización, se identificaron 448 instalaciones excedentes, cuya gestión ha sido completada en su totalidad mediante su asignación o transferencia conforme a la normativa, garantizando así su uso eficiente.
Con el fin de reforzar la eficacia en la gestión de los activos públicos, el primer ministro Pham Minh Chinh firmó el Despacho Oficial número 19/CĐ-TTg, de fecha 26 de febrero de 2026, en el que insta a ministerios, organismos y autoridades locales a intensificar la reorganización, gestión y explotación de estos bienes, evitando pérdidas y despilfarro.
Por su parte, Nguyen Tan Thinh, director del Departamento de Gestión de Activos Públicos del Ministerio de Finanzas, destacó que los avances logrados responden a la coordinación entre los distintos niveles de la administración, así como al papel activo de las autoridades locales.
El funcionario subrayó la necesidad de un cambio de enfoque: los activos sin uso no deben mantenerse ociosos, sino incorporarse a la actividad económica mediante mecanismos transparentes como subastas o licitaciones.
De cara al futuro, las localidades continuarán perfeccionando la normativa, revisando y reorganizando el uso de los activos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia, eficiencia y generar nuevas fuentes de recursos para el desarrollo.
