Menos intermediarios, mayor protección de los datos
En las compras por internet, la información personal de los usuarios puede pasar por numerosos intermediarios y circular entre distintos países: desde las plataformas de comercio electrónico y los vendedores hasta las empresas de transporte y los proveedores de servicios de pago.
Cuando se produce una filtración, esta cadena de intermediarios dificulta que los afectados sepan a quién reclamar, qué legislación se aplica y quién debe responder por los perjuicios. Sólo en el primer trimestre de 2026, más de 6,9 millones de cuentas de usuarios en Vietnam sufrieron filtraciones de datos.
De conformidad con las leyes de Protección de Datos Personales y de Protección de los Derechos del Consumidor, las personas tienen derecho a conocer, otorgar o retirar su consentimiento, rectificar y suprimir sus datos, así como a que su información esté protegida, independientemente de que se procese en el país o se transfiera al extranjero.
Sin embargo, el ejercicio efectivo de estos derechos aún tropieza con importantes vacíos normativos. Uno de los problemas más evidentes es la falta de mecanismos suficientemente amplios para informar a los afectados cuando sus datos se filtran durante operaciones de procesamiento en el extranjero.
La obligación de notificar se limita actualmente a determinados supuestos relacionados con datos biométricos, de localización y otros datos sensibles de los sectores financiero y bancario, así como con información crediticia. En consecuencia, una filtración de datos como nombres, números de teléfono, direcciones o historiales de compra podría producirse sin que los consumidores recibieran aviso alguno.
La doctora Nguyen Ngoc Quyen, de la Facultad de Derecho Económico de la Universidad de Derecho de Hanoi, distinguió tres modalidades de transferencia de información al extranjero: la recopilación directa por empresas foráneas mediante aplicaciones o páginas web; el envío de datos por compañías nacionales a entidades extranjeras para su almacenamiento y procesamiento o a socios en otros países; y las operaciones transfronterizas en las que varias partes radicadas en distintos países comparten la custodia de la información.
Aunque Vietnam dispone de instrumentos legales para regular estas actividades, las garantías se debilitan a medida que la información pasa de un intermediario a otro. La evaluación de las transferencias se concentra principalmente en las medidas de seguridad de la entidad receptora, sin analizar de forma exhaustiva el marco jurídico del país de destino.
La multiplicidad de participantes en el procesamiento también dificulta determinar quién debe responder ante una vulneración, debido a la falta de disposiciones claras sobre la corresponsabilidad y la responsabilidad solidaria.
Ante esta situación, Ngoc Quyen consideró necesario promulgar normas con directrices más específicas y estudiar la revisión y complementación de la Ley de Protección de Datos Personales, a fin de asegurar que los consumidores puedan ejercer sus derechos también cuando sus datos sean objeto de operaciones transfronterizas.
Obstáculos para sancionar las vulneraciones de datos personales
Entre las infracciones detectadas figuran el uso de información de clientes para fines publicitarios distintos de los comunicados inicialmente, la compraventa de datos mediante intermediarios y las filtraciones en sistemas de comercio electrónico. Sin embargo, llevar a los responsables ante la justicia sigue siendo complejo: resulta difícil identificar a todos los implicados, obtener pruebas y acreditar los daños ocasionados.
Hoang Bich Thuy, de la Comisión Nacional de Competencia, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, explicó que el procesamiento de datos suele involucrar a una cadena de actores, entre ellos empresas encargadas de recopilarlos, plataformas intermediarias, entidades de almacenamiento, agencias publicitarias y usuarios finales. Como cada participante puede asumir distintas funciones, delimitar sus respectivas responsabilidades no siempre resulta sencillo. A ello se suma que las operaciones realizadas mediante sistemas electrónicos y plataformas radicadas fuera de Vietnam dificultan la recopilación de pruebas.
La especialista planteó revisar el marco normativo, intensificar la detección de redes organizadas dedicadas al comercio ilegal de información personal y exigir un mayor cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas y plataformas digitales.
A su juicio, un sistema eficaz debe sustentarse en tres pilares: prevenir las infracciones mediante obligaciones claras para los responsables del tratamiento, aplicar sanciones rigurosas y restituir los derechos e intereses legítimos de los afectados. Estas medidas permitirán fortalecer la confianza de los consumidores y elevar la eficacia de la gestión estatal.
