Según este enfoque, la agilidad en el despacho de mercancías dependerá del cumplimiento normativo de las empresas, en lugar de la selectividad de las declaraciones aduaneras. La decisión de despacho se basa en datos y en un sistema de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones de forma automática.
Esta política promete cambios de gran impacto. Si antes las empresas eran consideradas "sujetos de inspección y supervisión", ahora pasan a ser reconocidas como "socios de cumplimiento voluntario", con el máximo apoyo de la autoridad aduanera en sus actividades.
Definir la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico
Al profundizar en el contenido del proyecto, Nguyen Thanh Hung, subdirector del Departamento de Aduanas, explicó que la propuesta establece una base jurídica de alto nivel para transformar todos los expedientes y documentos aduaneros, anteriormente fragmentados, en mensajes de datos estandarizados. En esencia, el despacho aduanero automatizado consiste en optimizar este flujo de datos mediante inteligencia artificial (IA).
En concreto, el sistema integrado con IA cotejará automáticamente, en tiempo real, la información de las declaraciones aduaneras con la base de datos nacional y el historial de cumplimiento de cada empresa para determinar el tipo de control (verde, amarillo o rojo).
Todo este proceso funcionará de manera totalmente automatizada mediante algoritmos informáticos, lo que eliminará por completo la intervención subjetiva de las personas y garantizará la máxima transparencia en la ejecución de la función pública. En el caso de las empresas clasificadas en el canal verde por su alto nivel de cumplimiento, el sistema liberará automáticamente las mercancías en cuestión de segundos, lo que evitará cualquier riesgo de acoso administrativo y reducirá al mínimo los tiempos de espera.
Según Hung, con el propósito de subsanar el vacío jurídico de la Ley de Aduanas de 2014 frente al auge del comercio electrónico transfronterizo, el proyecto establece un modelo de gestión específico cuya principal innovación consiste en cambiar el sujeto de control, ya que, en lugar de centrarse en el comprador, se define la responsabilidad jurídica de las plataformas de comercio electrónico.
Por consiguiente, las plataformas deberán integrar sus sistemas con las autoridades aduaneras para proporcionar información anticipada sobre pedidos y pagos. Además, los compradores en Vietnam deberán validar su identidad mediante un sistema de identificación electrónica.
Al transparentar el flujo de mercancías, el flujo financiero y la identidad de los usuarios desde el origen, la autoridad aduanera podrá dictar la resolución de despacho de forma inmediata cuando la carga llegue a la frontera. Esta solución no solo resolverá el problema de la saturación de mercancías, sino que también erradicará la fragmentación de pedidos diseñada para eludir el pago de aranceles mediante franquicias fiscales, lo que permitirá salvaguardar la recaudación fiscal y promover un entorno comercial equitativo.
Evitar nuevas barreras técnicas ocultas en los procedimientos
Con el fin de aplicar la Resolución 68-NQ/TW, que tiene como objetivo reducir los costes de cumplimiento normativo, el proyecto elimina los requisitos innecesarios para tramitar la licencia de los agentes aduaneros y sus empleados autorizados.
La competencia para conceder licencias corresponderá al Ministerio de Finanzas, que emitirá las normas correspondientes con un enfoque más flexible y basado en la capacidad real con el propósito de desarrollar una red profesional de agentes aduaneros y reducir la carga administrativa y de personal para los fabricantes.
El proyecto de ley propone ampliar a 24 meses el almacenamiento máximo en depósitos fiscales y tiendas libres de impuestos y suprimir las solicitudes de prórroga. Asimismo, el plazo en las estaciones de consolidación (CFS) aumentará a 180 días bajo un control sistémico automatizado. Esta reforma permitirá a las empresas flexibilizar su cadena de suministro, optimizar flujos y reducir sustancialmente los costes de almacenamiento.
Además, el proyecto de ley elimina casi por completo la obligación de presentar informes periódicos en papel por parte de los operadores de almacenes y puertos marítimos. En su lugar, se legislará la interconexión directa de los datos sobre la distribución de los patios y la ubicación de las mercancías con la Administración aduanera.
La transición hacia un sistema de supervisión remota basado en datos continuos no solo reducirá la frecuencia de las inspecciones físicas, sino también acelerará la circulación de mercancías por los puertos en al menos un 30 por ciento.
Thanh Hung señaló que el borrador funciona como una guía que establece únicamente los principios básicos a largo plazo. Los contenidos que están sujetos a cambios frecuentes y requieren actualización conforme a las nuevas tecnologías, como el comercio electrónico, los expedientes aduaneros, los procedimientos de inspección y supervisión, la gestión de riesgos y la gestión del cumplimiento, serán regulados en detalle por el Gobierno y el ministro de Finanzas.
Esta medida aportará flexibilidad frente a la realidad del mercado y delimitará la responsabilidad de cada titular de organismo.
Desde la perspectiva de la técnica legislativa y de la transparencia administrativa, Kim Long Bien, jefe del Comité Jurídico del Departamento de Aduanas, analizó que trasladar las disposiciones de carácter operativo desde el nivel de decreto al de circular ministerial representa un importante avance en la capacidad de respuesta de las políticas públicas.
Sin embargo, advirtió que esta flexibilidad y autonomía plantea un nuevo desafío: la descentralización y delegación de competencias solo generarán un verdadero avance económico si van acompañadas de un marco claro de control del poder administrativo, que garantice que todas las circulares de aplicación sean coherentes con el espíritu de impulso al desarrollo de la Ley de Aduanas modificada y que no creen, bajo ninguna circunstancia, nuevas barreras técnicas ocultas tras los procedimientos operativos.
