Antes de la votación, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, presentó el informe de explicación, revisión y ajuste del proyecto. El texto incorpora una hoja de ruta para que, como máximo el 1 de enero de 2031, el registro de nacimientos y defunciones se realice de forma unificada en todo el país.
La reforma representa un cambio de enfoque, al pasar de un sistema basado en la solicitud del ciudadano a otro en el que las autoridades actúan de oficio para prestar el servicio. Su implementación exigirá el fortalecimiento de la infraestructura digital y la interconexión de bases de datos, especialmente en el sector sanitario. Durante la fase de transición, las localidades con condiciones favorables podrán aplicarla de manera anticipada, mientras el Estado continúa invirtiendo en infraestructura, formación de personal y difusión de políticas.
En materia de descentralización, el Gobierno afirmó que ya están garantizadas las condiciones y recursos para permitir el registro civil sin dependencia de los límites administrativos. La aplicación del modelo de administración local de dos niveles desde el 1 de julio de 2025 ha funcionado, hasta el momento, de forma estable y sin incidencias relevantes.
En la misma jornada, la Asamblea Nacional aprobó la ley que modifica y complementa la Ley de Notaría con 489 votos a favor de 491.
La norma elimina la lista cerrada de actos sujetos a notaría obligatoria y establece en su lugar criterios generales de aplicación. Con ello, se reducen en seis los tipos de actos que requieren obligatoriedad notarial, con el objetivo de simplificar procedimientos, reducir costes y evitar solapamientos legales.
En el ámbito inmobiliario, se mantiene la competencia territorial de los notarios según la ubicación de su despacho. Sin embargo, se amplía la posibilidad de realizar determinados actos sin limitación geográfica cuando no involucren directamente bienes inmuebles, como poderes, depósitos o cesiones contractuales.
El Gobierno definirá una hoja de ruta para avanzar hacia la notarización sin dependencia de límites administrativos, en función del desarrollo de bases de datos integradas.
También fue aprobada, con 494 votos a favor de 494 diputados presentes, la Ley que modifica la Ley de Asistencia Jurídica.
La reforma sitúa al beneficiario en el centro del sistema, refuerza la protección de los derechos humanos y ciudadanos, y mejora la calidad del personal especializado, además de reforzar la responsabilidad de las instituciones implicadas.
Entre las novedades, se incorpora a los “trabajadores de bajos ingresos que sean acusados o víctimas” como nuevos beneficiarios en el ámbito penal, ampliando el acceso a la asistencia jurídica. A su vez, se mantiene un marco flexible para adaptarse a las necesidades reales.
El Gobierno descartó extender este servicio al ámbito comercial o empresarial, al considerar que su naturaleza debe seguir siendo la de una política social centrada en los ámbitos civil, penal y administrativo.
En esta misma sesión, la Asamblea Nacional aprobó además otras leyes y resoluciones relacionadas con emulación y recompensas, libertad de creencias y religión, acceso a la información, así como medidas para la prevención y resolución de disputas de inversión internacional, entre otras disposiciones.