El vicepresidente del Comité Popular de An Giang Ngo Cong Thuc afirmó que la provincia aplica el principio de “tolerancia cero” en la lucha contra las infracciones relacionadas con la pesca INDNR.
En ese sentido, enfatizó, todas las organizaciones y personas que incumplan la normativa serán sancionadas con rigor, al igual que aquellos funcionarios que encubran irregularidades o incumplan sus responsabilidades de gestión.
Entre comienzos de año y finales de julio de 2026, la Subdirección Provincial de Pesca y Vigilancia Pesquera realizó 160 inspecciones, detectó infracciones en 53 embarcaciones y aplicó multas cercanas a los 115,38 mil dólares.
En cuanto a las infracciones relacionadas con el sistema de seguimiento de buques (VMS), las autoridades levantaron 149 actas contra 78 embarcaciones e impusieron sanciones superiores a los 180,76 mil dólares.
Por su parte, la Guardia Fronteriza tramitó cinco casos que involucraron a doce personas, con multas por un total de 167,3 mil dólares. Asimismo, se sancionaron severamente otras infracciones, entre ellas la pesca ilegal en aguas jurisdiccionales extranjeras.
Paralelamente al fortalecimiento de la aplicación de la ley, An Giang impulsa el uso de tecnologías digitales para la gestión pesquera.
Hasta finales de junio de 2026, el cien por cien de las embarcaciones obligadas a ello contaban con equipos de seguimiento por satélite (VMS), mientras que la totalidad de los buques que entran y salen de los puertos pesqueros realizaban la declaración electrónica mediante el sistema eCDT.
La provincia también ha organizado numerosos cursos de capacitación sobre el diario electrónico de pesca y los sistemas de trazabilidad de los productos pesqueros, con el fin de incrementar la transparencia y facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de los pescadores.
No obstante, las autoridades reconocen que aún existe un número considerable de embarcaciones clasificadas dentro de la categoría de las “tres no”, es decir, sin registro, sin inspección técnica y sin licencia de pesca.
Para reforzar su control, la provincia ha habilitado 23 zonas de fondeo concentrado, intensificando las inspecciones para impedir que estas embarcaciones zarpen sin autorización.
También ha pedido al Gobierno la adopción de políticas de apoyo que permitan a los pescadores cambiar de actividad y retirar de servicio las embarcaciones costeras que no reúnen las condiciones necesarias para operar.
An Giang también ha propuesto al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente perfeccionar la normativa relativa a la gestión de las embarcaciones pesqueras, los puertos pesqueros y el tratamiento de las infracciones detectadas a través del sistema VMS.
Al mismo tiempo, ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que impulse la delimitación de las fronteras marítimas, refuerce la cooperación judicial con otros países y facilite la obtención de pruebas en los casos de embarcaciones vietnamitas que infrinjan la normativa en aguas extranjeras.
Según las autoridades provinciales, el objetivo no se limita a lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea, sino también a construir un sector pesquero más transparente, moderno y orientado hacia un desarrollo sostenible.
