Según la empresa CP Energía Eólica BCG - Khai Long 1, el proyecto contará con una capacidad instalada de 100 MW y una inversión superior a 6,32 billones de dongs (unos 240 millones de dólares). Ocupirá una superficie de 480,73 hectáreas, de las cuales 454 corresponden a zona marítima y 26,73 a tierra firme.
La primera fase contempla la instalación de 16 aerogeneradores de aproximadamente 6,25 MW cada uno, una subestación de 35/110 kV y una línea de transmisión de doble circuito de 110 kV, de unos 24 kilómetros de longitud, que conectará con la subestación de 220 kV de Nam Can.
La subdirectora general de BCG Energy, Pham Thi Mai Phuong, informó que las obras se desarrollarán hasta abril de 2028, mientras que la planta entrará en operación en mayo del mismo año.
Se prevé que el proyecto genere alrededor de 253 GWh de electricidad limpia al año, contribuya a reforzar la seguridad energética nacional, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 167 mil toneladas de CO₂ anuales y aporte entre 1,5 y 1,9 millones de dólares al presupuesto provincial cada año.
La directiva señaló que la empresa concentrará todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto con seguridad, calidad y dentro del cronograma previsto, además de cumplir plenamente con sus obligaciones hacia el Estado y la comunidad local.
Añadió que la iniciativa se enmarca en la estrategia nacional de desarrollo de energías renovables, el Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico VIII y las políticas de promoción de la energía verde de la provincia de Ca Mau, cuyas autoridades han facilitado los procedimientos legales y la liberación de terrenos.
Gracias a su extensa costa y a sus favorables condiciones de viento, Ca Mau considera la energía eólica como uno de los principales motores para impulsar el crecimiento económico, reducir emisiones y fortalecer la seguridad energética del país.
El vicepresidente del Comité Popular provincial Huynh Chi Nguyen destacó que, además de invertir en infraestructura, la localidad mantiene un entorno favorable para los inversores, bajo el principio de que la satisfacción empresarial constituye el principal indicador de la eficacia de la administración pública.
