Tal valoración la hizo Hirofumi Takada, vicepresidente del Instituto Nacional de Postgrado para Estudios de Política (GRIPS) en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio.
“A través de la prensa y los documentos legales relacionados, yo me entero de que Vietnam planea construir una base de datos sobre los activos e ingresos de los funcionarios para prevenir actos de corrupción. Creo que es un gran paso para tener un mecanismo anticorrupción en el sistema del Gobierno vietnamita”, comentó.
En su criterio, resulta importante establecer y poner en práctica esa base de datos, pero lo más importante es cómo los funcionarios entienden el propósito y la necesidad de construir este sistema.
A su juicio, si los funcionarios no entienden claramente el objetivo del establecimiento de este sistema, y luego el mecanismo se aplica de manera muy estricta, puede conducir a un comportamiento no transparente de las personas no relacionadas con los ingresos ilegales.
Por lo tanto, señaló, cada funcionario debe comprender por qué el Gobierno debe establecer un sistema para administrar la riqueza y los ingresos, y luego evitará cualquier actividad ilegal.
Al compartir sobre la experiencia de su país en el control de activos e ingresos, recordó que Japón promulgó la Ley de Ética en el Servicio Público en 1999 que estipula la obligación de realizar declaraciones a los funcionarios públicos y aclara la relación entre estos y las partes relacionadas.
Junto con eso, el Gobierno japonés emitió el Código de Ética para el Servicio Público, que regula los comportamientos prohibidos para los funcionarios.
Con respecto a la implementación de la Ley mencionada, dijo que, a partir de su entrada en vigor en 2000, la cantidad de violaciones a la norma que descubrió el Comité Nacional de Ética del Servicio Público no fue mucha, lo cual muestra la efectividad de este sistema.
Respecto al sistema de declaración sobre ingresos, según el profesor Takada, estos informes son presentados por funcionarios al ministerio/agencia de gestión y luego enviados al Comité de Ética para el Servicio Público para su verificación.
Estos informes no se publican. Hasta la fecha, no ha detectado ningún caso de violaciones, precisó.
