Al concluir la reunión, el jefe de Gobierno pidió al Ministerio de Construcción recopilar plenamente las opiniones de los delegados y perfeccionar el borrador de resolución para presentarlo al Gabinete, con el fin de garantizar su carácter innovador, eliminar obstáculos jurídicos y promover un desarrollo estable y sostenible del sector de viviendas sociales.
Subrayó que la nueva resolución debe reducir al menos un 50% de los trámites administrativos, crear reservas de terrenos limpios, diversificar las fuentes de capital y fomentar la participación de las empresas con suficiente capacidad y experiencia.
Las autoridades locales necesitan tramitar con rapidez, precisión y transparencia los procedimientos administrativos, garantizando los derechos legítimos de los ciudadanos y las empresas, junto con el cumplimiento estricto de la disciplina legal, enfatizó.
La resolución también deberá especificar los procedimientos para los compradores de vivienda, fortalecer el control posterior y aplicar bases de datos integradas que garanticen la transparencia entre los inversores y los compradores, además de ampliar los beneficiarios de las políticas de vivienda social y promover su desarrollo tanto en zonas urbanas como rurales, con diversos segmentos de vivienda e infraestructura compartida.
El primer ministro exigió incluir en la resolución contenidos sobre la bolsa inmobiliaria, el fondo nacional de vivienda y las bases de datos habitacionales, y encargó al viceprimer ministro Tran Hong Ha dirigir al Ministerio de Construcción para finalizar el borrador de la resolución y presentarlo al Gobierno antes de finales de octubre de 2025.
El desarrollo de viviendas sociales, afirmó, constituye una determinación política y refleja la esencia humanitaria del sistema político vietnamita.
Hasta la fecha, el país ha aprobado 696 proyectos de vivienda social con más de 637 mil unidades. Solo en los nueve primeros meses de 2025 se completaron más de 50 mil viviendas, equivalentes al 50,5 por ciento del plan anual, y se prevé que la cifra alcance unas 89.000 unidades para finales de año, cumpliendo el 89 por ciento del objetivo.
En la cita, los delegados debatieron sobre la planificación del suelo, las fuentes financieras y crediticias, los precios de venta y los criterios para seleccionar empresas, destacando la necesidad de simplificar los procedimientos, garantizar la transparencia y prevenir el aprovechamiento indebido de las políticas públicas.