El plan también se propone asegurar que las elecciones se celebren de forma democrática, equitativa, conforme a la ley, segura y económica, y que se conviertan verdaderamente en una fiesta de todo el pueblo. Con ello se contribuye a fortalecer y elevar la eficacia y eficiencia del aparato estatal, así como a la construcción de un Estado de derecho socialista de Vietnam del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Asimismo, busca reforzar el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV), asegurar la dirección unificada del Consejo Nacional Electoral y promover la coordinación y participación del Gobierno, el Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas, así como de los organismos centrales y las autoridades locales en todos los niveles.
Tiene como objetivo asegurar la elección del número suficiente de diputados de la Asamblea Nacional y de miembros de los Consejos Populares en todos los niveles conforme a la normativa vigente, con personas electas que cumplan altos estándares de calidad y presenten una composición equilibrada y representativa de los distintos grupos sociales, géneros, sectores y regiones.
Se dará prioridad a la calidad y las cualificaciones de los candidatos por encima de las cuotas, garantizando la selección de personas verdaderamente sobresalientes, dignas de representar la voluntad y las aspiraciones del pueblo.
El plan asigna tareas específicas a los ministerios, localidades y organismos pertinentes en materia de gestión y organización electoral; la elaboración y promulgación de documentos jurídicos y orientadores; la divulgación y educación sobre la legislación electoral; el trabajo de personal de los organismos gubernamentales que participen como candidatos a diputados, conforme a la asignación del Consejo Nacional Electoral.
Asimismo, se contemplan medidas para garantizar la seguridad política, así como la seguridad de la información; la prevención y respuesta ante desastres naturales y epidemias durante la preparación y celebración de las elecciones; la elaboración de informes; la garantía de financiamiento e infraestructura técnica; la atención de quejas y denuncias; la organización de los comicios y la evaluación y reconocimiento posteriores a las elecciones.
De diciembre de 2025 a marzo de 2026, el Ministerio del Interior presidirá, en coordinación con la Oficina Gubernamental, los Ministerios, localidades y organismos relacionados, la implementación integral de las tareas del Gobierno en materia electoral, en consonancia con las directrices del Buró Político del PCV y el Plan del Consejo Nacional Electoral, incluida la organización de cursos de capacitación a nivel nacional.
De diciembre de 2025 a abril de 2026, los ministerios y organismos de nivel ministerial elaborarán y emitirán documentos jurídicos sobre las elecciones, y revisarán o ajustarán los ya promulgados cuando sea necesario para adecuarlos a la situación práctica.
Los Ministerios y localidades también deben intensificar la divulgación de la legislación electoral y cumplir estrictamente las normas sobre información a la prensa; además de gestionar rigurosamente las actividades informativas, especialmente en el ciberespacio; y combatir y refutar puntos de vista erróneos y hostiles, sancionando con severidad las violaciones.
La Resolución exige además la implementación de planes integrales para garantizar la seguridad y el orden social, prevenir y sancionar las infracciones a la ley electoral y responder de manera proactiva a situaciones imprevistas, sin afectar el progreso ni la calidad de las elecciones.
Los Comités Populares serán responsables de dirigir y orientar la organización de las elecciones en sus localidades, garantizando el cumplimiento de la ley, la seguridad y la economía, así como de facilitar la participación de los electores y realizar los informes correspondientes sobre el avance y los resultados del proceso electoral, conforme a la normativa vigente.