Premier vietnamita ordena reducir precio de la vivienda según la realidad

El jefe de Gobierno reiteró tal postura al intervenir en la quinta reunión del Comité Directivo Central sobre Políticas de Vivienda y Mercado Inmobiliario, realizada de forma virtual con la participación de autoridades de las 34 provincias y ciudades.

El premier destacó que el desarrollo de la vivienda y del mercado inmobiliario se ha ejecutado con decisión, estabilizando el mercado y logrando avances significativos en la vivienda social, beneficiando directamente a la población.

No obstante, advirtió sobre limitaciones persistentes, como la insuficiencia de vivienda social, especialmente para alquiler, y la necesidad de un mejor conocimiento de la demanda real por parte de los ciudadanos.

El primer ministro instó a los líderes de todos los niveles a asumir plena responsabilidad política, eliminar obstáculos legales y de planificación, facilitar el acceso a tierras, simplificar trámites, cambiar la mentalidad de gestión por un enfoque de servicio, poner a la ciudadanía en el centro y reconocer a las empresas como actores clave en la implementación.

Las tareas específicas se asignan de la siguiente manera: El Ministerio de Construcción debe completar los expedientes para el Centro de Transacciones Inmobiliarias, acelerar la ejecución de proyectos de vivienda social y de alquiler, establecer los Fondos de Vivienda locales y guiar la planificación de desarrollo de vivienda para 2026-2030.

El Ministerio de Finanzas debe asegurar los recursos financieros, aplicar políticas fiscales que limiten la especulación y garantizar el uso transparente y eficiente de los Fondos de Vivienda; el Banco Estatal de Vietnam debe acelerar el desembolso de créditos para vivienda social y de alquiler a los beneficiarios correctos, controlar riesgos y dirigir la inversión hacia proyectos de vivienda asequible.

Mientras, el Ministerio de Seguridad Pública debe actualizar la base de datos nacional de población y sancionar estrictamente los casos de intermediación ilegal, fraude y manipulación de expedientes de vivienda social; las autoridades locales deben revisar la demanda de vivienda, especialmente la social y de alquiler, completar los Fondos de Vivienda locales, establecer metas de desarrollo para 2026-2030, reorganizar los Comités Directivos provinciales y asignar funcionarios responsables.

El jefe del Ejecutivo recalcó que la vivienda es una necesidad básica y un pilar de la política de bienestar social, así como un derecho fundamental de los ciudadanos, y que se debe garantizar que todos, especialmente los grupos vulnerables, tengan acceso a una vivienda estable.

La implementación de políticas debe ser clara, medible y efectiva, con resultados concretos; el Estado actuará como facilitador y garante de equidad, mientras que las empresas participarán bajo los principios de “solidaridad nacional, beneficio compartido y riesgos compartidos”.

Además, se reforzará la comunicación y supervisión social sobre las políticas de vivienda y el mercado inmobiliario, se sancionarán las irregularidades, se acelerará la ejecución de proyectos y se asegurará que el mercado inmobiliario se desarrolle de manera saludable, estable y sostenible, contribuyendo a mejorar la vida de la población y a mantener la estabilidad social.

Según los informes presentados en la reunión, en 2025 se aprobaron en todo el país 428 proyectos de vivienda comercial, se otorgaron permisos para 164 nuevos proyectos con más de 53 mil unidades y se completaron 208 proyectos con más de 49 mil unidades.

Respecto a 2024, el mercado inmobiliario registró un incremento de 20-30 por ciento en los precios de los apartamentos, 10-20 por ciento en villas y casas adosadas, y 20-25 por ciento en terrenos. En paralelo, la vivienda social superó los objetivos previstos, con más de 103 mil unidades terminadas, alcanzando el 103 por ciento de la meta, y 20 provincias cumplieron o superaron las metas asignadas.

Durante la sesión, los delegados propusieron mejorar la legislación sobre vivienda, la actividad inmobiliaria y la planificación urbana y rural; eliminar obstáculos en proyectos de vivienda; acelerar la construcción de vivienda social; controlar los precios del mercado; estandarizar la información y bases de datos sobre vivienda y el mercado inmobiliario; y desarrollar un plan de vivienda asequible.