Según el documento del 9 de julio, para abordar de inmediato las limitaciones existentes y mejorar la reforma administrativa en la recepción y procesamiento de solicitudes de certificados, se instruye a los ministros, jefes de agencias gubernamentales y de nivel central y presidentes de los comités populares provinciales para que cumplan estrictamente con los requisitos para la expedición previstos en el artículo 7 de la Ley de expedientes judiciales.
Se necesitan implementarse soluciones efectivas para poner fin a la solicitud de certificados de antecedentes penales de los ciudadanos que no se ajusten a la normativa. Específicamente, el enfoque debe estar en la implementación de varias tareas, tales como aumentar la conciencia pública; tomar medidas correctivas contra el mal uso de la solicitud de presentación de los certificados por parte de organizaciones y empresas; y garantizar la confidencialidad de la información de los registros judiciales de conformidad con la ley.
Además, se requieren esfuerzos para digitalizar y mejorar la base de datos de registros judiciales, conectando y compartiendo datos al servicio de la emisión de certificados.
Entre los muchos organismos mencionados en la directiva, el Ministerio de Seguridad Pública tiene la tarea de colaborar con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Información y Comunicaciones y el Comité Popular de la provincia de Thua Thien-Hue para estudiar y desarrollar una solución piloto para emitir los certificados en la aplicación VNeID (identificación electrónica). Con base en los resultados del trabajo, se debe presentar un informe completo a las autoridades competentes que atienden la implementación a nivel nacional.
