La legislación, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2023, estipula medidas para prevenir, detectar, impedir y manejar a las organizaciones y personas que cometen acto de lavado de dinero; y especifica las responsabilidades de los órganos, instituciones e individuos en el combate contra ese mal, así como la importancia de la cooperación internacional en el sector.
El mismo día, el máximo órgano legislativo también adoptó una resolución para acelerar la implementación de políticas y leyes sobre la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro.
Según la resolución, en 2023 se lanzará una campaña nacional sobre la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro; en particular, el Gobierno organizará movimientos de emulación para promover ese ejercicio en la producción y el consumo en todos los niveles, sectores y entre el pueblo, así como elogiará, recompensará y multiplicará los modelos ejemplares al respecto.
Se prevén varias directrices y medidas concretas para promover la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro, entre las que se encuentran la mejora de la comunicación, el refuerzo de la disciplina y el perfeccionamiento del marco legal relacionado.