Parlamento de Vietnam examina ajustes a nueve leyes militares

Posteriormente, los diputados debatieron en grupos ambos proyectos de ley, así como el proyecto de Ley de Divulgación y Educación Jurídica (modificada).

El proyecto de ley que modifica nueve leyes sobre asuntos militares y de defensa tiene como objetivo institucionalizar oportunamente las directrices del Partido sobre la reorganización del sistema político conforme al modelo de gobierno local de dos niveles, en consonancia con el fortalecimiento de la descentralización, la simplificación de los procedimientos administrativos, la garantía de la coherencia del ordenamiento jurídico y el aumento de la eficacia de la gestión estatal.

La iniciativa se centra en modificar las disposiciones relativas a la organización militar local para hacerla más eficiente, consolidar los Comandos Militares de nivel comunal y los Comandos de Defensa Regional de acuerdo con el nuevo modelo organizativo.

Asimismo, revisa y ajusta las normas urgentes para garantizar el funcionamiento continuo de los organismos y organizaciones, reforzar la descentralización, resolver las dificultades surgidas en la práctica y asegurar la constitucionalidad, legalidad y uniformidad del sistema jurídico.

En la sesión de la tarde, la Asamblea Nacional debatirá en grupos de trabajo el proyecto de Ley de Petróleo (modificada), el proyecto legislativo que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado y el proyecto de Resolución de la Asamblea Nacional sobre mecanismos y políticas especiales para el tratamiento de las infracciones legales relacionadas con la economía estatal y privada y la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

El proyecto de resolución consta de tres capítulos y 13 artículos. El Capítulo I establece el ámbito de aplicación, los sujetos aplicables, los principios de ejecución y la definición de conceptos como: ausencia de corrupción; actuación en beneficio del interés público; consecuencias de los daños; reparación con beneficios económicos y sociales; inexistencia de denuncias o reclamaciones, o resolución definitiva de las mismas; e infracciones legales relacionadas con la economía estatal y privada y la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

El Capítulo II regula el tratamiento de las infracciones en esos ámbitos, mientras que el Capítulo III establece la entrada en vigor y la organización de su aplicación.

Según el proyecto, la resolución tendrá una vigencia de tres años. Si al expirar ese plazo aún continúa el período de suspensión temporal del procesamiento penal para permitir la reparación de los daños, dicha suspensión podrá mantenerse hasta su vencimiento, con un límite máximo de dos años.