Los diputados coincidieron en que la reforma del Código Penal permite institucionalizar oportunamente las directrices y políticas del Partido en materia de reforma judicial, perfeccionar el marco jurídico para prevenir y combatir la delincuencia y promover un enfoque humanitario y orientado a la rehabilitación de los infractores, sin menoscabar el carácter disuasorio ni la severidad de las sanciones penales.
Asimismo, valoraron el trabajo exhaustivo de los organismos responsables de elaborar y revisar el proyecto. El órgano redactor organizó consultas públicas, publicó el borrador en su portal oficial, recabó opiniones de expertos y presentó un informe en el que explica cómo se han atendido las observaciones recibidas. Además, la XVI Legislatura de la AN ya había formulado orientaciones preliminares sobre las modificaciones propuestas durante su primer período extraordinario de sesiones.
El proyecto contempla varias cuestiones fundamentales, como las disposiciones sobre los delitos, los actos preparatorios para cometer delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas comerciales. También incorpora normas sobre la delincuencia organizada, tipifica nuevas conductas delictivas y agrupa los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las redes de telecomunicaciones en una nueva categoría: la ciberdelincuencia.
En materia de sanciones, la propuesta plantea reducir aún más el ámbito de aplicación de la pena de muerte, al disminuir de 10 a cuatro el número de delitos castigados con esta pena. Asimismo, propone, como regla general, duplicar las multas y los umbrales económicos utilizados para determinar la responsabilidad penal en diversos delitos. Otras modificaciones afectan a las causas de exención de responsabilidad penal, la suspensión del proceso penal y los casos en los que no se aplica la prescripción de la acción penal.
Durante los debates, los legisladores se centraron en los principales cambios propuestos, especialmente en la reducción del número de delitos sujetos a la pena capital, los ajustes de las multas y los umbrales económicos, la incorporación de nuevos tipos penales y la reorganización de los delitos cibernéticos. Respecto al proyecto de reforma de la Ley sobre la Organización de los Organismos de Investigación Penal, señalaron que las modificaciones contribuirán a que las investigaciones sean más científicas, oportunas y eficaces, en consonancia con las exigencias de la reforma judicial y la lucha contra la delincuencia en la nueva etapa.
La revisión integral busca institucionalizar las directrices del Partido sobre la organización y el funcionamiento de los órganos de investigación penal, racionalizar la estructura de la Fuerza de Seguridad Pública Popular, el Ejército Popular de Vietnam y los organismos facultados para realizar determinadas actividades de investigación, y garantizar su adecuación al modelo de administración local de dos niveles. También pretende corregir las deficiencias detectadas en la aplicación de la legislación vigente y asegurar la coherencia con las normas jurídicas pertinentes.
El proyecto regula los principios de la investigación penal; la organización, las funciones y las competencias de los órganos de investigación; las responsabilidades y atribuciones de los organismos encargados de determinadas tareas investigativas; la figura de los investigadores y otros cargos relacionados; los mecanismos de coordinación, distribución de funciones y supervisión; así como las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones y las responsabilidades de las organizaciones y personas involucradas.