Este enfoque no solo alude a las necesidades del desarrollo en la nueva etapa, sino también se basa en un marco jurídico perfeccionado mediante la Ley de Propiedad Intelectual, el Código Civil y la Ley de Empresas, lo cual permite el reconocimiento, la protección y la comercialización de los activos de propiedad intelectual, convirtiéndolos en un motor de la innovación y del crecimiento económico.
Según el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2005 (modificada y complementada en 2009, 2019, 2022 y 2025), los derechos de propiedad intelectual se clasifican en tres categorías fundamentales.
La primera corresponde a los derechos de autor y los derechos conexos. Los objetos protegidos por el derecho de autor incluyen las obras literarias, artísticas y científicas. Los derechos conexos abarcan las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las grabaciones sonoras y audiovisuales, los programas de radiodifusión, las señales de cable que transportan programas codificados y las señales satelitales que transmiten programas codificados.
La protección nace de manera automática en el momento en que la obra adopta una forma física y queda fijada en un soporte material determinado, según el apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2005. Esta disposición no exige al autor realizar un procedimiento de registro, lo que proporciona un marco jurídico flexible destinado a maximizar la libertad de creación cultural y artística.
La segunda corresponde a los derechos de propiedad industrial. Los objetivos de esta categoría incluyen las invenciones, los diseños industriales, los diseños de trazado de circuitos integrados de semiconductores, los secretos empresariales, las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. A diferencia de los derechos de autor, la mayoría de los derechos de propiedad industrial (como las invenciones, las marcas y los diseños industriales) requieren un procedimiento de examen y registro ante la autoridad estatal competente para la obtención del correspondiente título de protección. Este procedimiento garantiza el reconocimiento transparente de los derechos exclusivos, protege las soluciones técnicas y los signos distintivos comerciales, y proporciona a las empresas una ventaja competitiva esencial en el mercado.
La tercera corresponde a los derechos sobre las variedades vegetales. Los objetos protegidos son el material de propagación y el material cosechado. Este grupo ha sido diseñado específicamente para proteger los resultados de la investigación y del mejoramiento genético en el sector agrícola. La concesión del título de protección exige que la variedad vegetal cumpla rigurosos criterios de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Esto incentivará la inversión en investigación y la aplicación de la ciencia a la producción agrícola.
Aunque cada una de las tres categorías opera con sus propios mecanismos, plazos y requisitos, todas comparten el objetivo supremo de reconocer y salvaguardar los frutos del intelecto humano.
Junto con la Ley de Propiedad Intelectual, las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Empresas han establecido un marco jurídico integral para la comercialización del conocimiento y han permitido que los solicitantes, tanto personas físicas como jurídicas, incorporen con seguridad sus activos de propiedad intelectual a actividades empresariales e inversiones legítimas.
En este sentido, el artículo 105 del Código Civil de 2015 establece que los bienes clasificados incluyen bienes materiales, dinero, títulos con valor y derechos patrimoniales. Además, el artículo 115 dispone que los derechos patrimoniales son susceptibles de valoración económica, incluidos los que amparan los objetos de propiedad intelectual.
Además, el artículo 34 de la Ley de Empresas (Ley nº 59/2020/QH14) establece que los derechos de propiedad intelectual se consideran activos legales válidos y, por lo tanto, pueden utilizarse como aportación de capital para la constitución o aumento del capital social de una empresa.
A partir de esta naturaleza jurídica, se entiende el fundamento práctico de la Conclusión n.º 51-KL/TW, que considera la propiedad intelectual un "recurso estratégico de la nación". El reconocimiento legal y la creación de un marco que permita comercializar los activos inmateriales constituyen un instrumento directo para fomentar la innovación. Cuando las personas y las empresas pueden generar valor económico a partir de sus invenciones, marcas o derechos de autor, disponen de mayores incentivos y recursos financieros para reinvertir y fortalecer continuamente su competitividad en el mercado.
El crecimiento de las empresas basado en la innovación constituye el fundamento de la competitividad global de toda la economía. En consecuencia, la protección y el aprovechamiento eficaz de los derechos de propiedad intelectual no solo sirven para defender los intereses de los titulares, sino también representan un elemento esencial para que Vietnam fortalezca su autonomía estratégica y su capacidad de competir en el comercio internacional, lo que contribuye a proteger la seguridad nacional y a fortalecer la posición del país, en consonancia con los objetivos establecidos en la Conclusión n.º 51-KL/TW del Buró Político.
(Este artículo contó con la colaboración de LuatVietnam.vn en el suministro de datos e información jurídica.)
