Impulsar el desarrollo rápido y sostenible

El impulso de los avances en la transformación digital se ha convertido en un proceso fundamental de renovación de los modelos de funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad.

La reforma de las normativas constituye un paso proactivo

La transformación digital nacional emprendida en 2020 puede resumirse como un proceso de construcción de bases, con un impulso simultáneo en la concienciación, la mejora institucional y la innovación en los métodos de implementación. Vietnam ha recorrido un camino, desde la definición de una estrategia hasta el perfeccionamiento del marco jurídico, el desarrollo de infraestructuras y la creación de los cimientos del gobierno, la economía y la sociedad digitales, concebidos como nuevos motores de desarrollo. Este concepto fue destacado por el viceministro permanente de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, en el Día Nacional de la Transformación Digital 2025, bajo el lema “Transformación Digital: Más rápida - Más eficiente - Más cerca de la gente”, con el que se estableció el objetivo de llevar a cabo una transformación digital integral para impulsar sustancialmente la economía digital.

Al cabo de cinco años, el país ha superado la fase inicial y entrado en un período de aceleración en el que los resultados que se miden cada vez más por el valor del crecimiento y los beneficios sociales. Esta orientación de desarrollo es coherente con los planteamientos de la Resolución n.º 57-NQ/TW sobre los avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional. Dicha resolución se inscribe en el contexto de los avances generales en ciencia, tecnología e innovación, y garantiza la dirección unificada del Partido en el proceso de construcción de la nación digital. Además, vincula los objetivos de modernización del aparato estatal con beneficios tangibles para la población.

En cuanto a las infraestructuras, las plataformas digitales nacionales se desarrollan con rapidez: la velocidad de Internet se sitúa entre las 10 más altas del mundo, con un 26 por ciento de las conexiones superiores a 1 Gb/s. Vietnam ocupa el segundo lugar en la Asean en la implementación de IPv6; y la seguridad de la información mantiene el puesto 17 a nivel mundial. La economía digital reafirma su papel como motor de crecimiento, con una participación estimada del 18,72 por ciento del PIB en 2025; el 40,76 por ciento de los adultos dispone de firma digital; el 87 por ciento de la población tiene una cuenta bancaria; y el valor de los pagos sin efectivo alcanza un récord equivalente a 25 veces el PIB, lo que refleja el alto grado de participación de la sociedad en el espacio digital.

En 2025 la industria de la tecnología digital mantuvo su fuerte avance. Los ingresos totales del sector ascendieron a 198 mil millones de dólares, un aumento interanual del 26 por ciento y el 16 por ciento del plan; el valor de las exportaciones de hardware y electrónica fue de 178 mil millones de dólares, un crecimiento del 35 por ciento y un cumplimiento del plan del 112 por ciento, manteniéndose como uno de los principales productos de exportación. Están en funcionamiento más de 80 mil empresas de tecnología digital, 10 por ciento más que en con 2024, lo que evidencia la vitalidad de la comunidad empresarial “Hecho en Vietnam”.

Sobre la base de estas infraestructuras y resultados económicos, los sistemas de identificación y de intercambio de datos, desde la Base de Datos Nacional sobre la Población hasta el Portal Nacional de Servicios Públicos, han creado las condiciones necesarias para que los ciudadanos y las empresas puedan realizar transacciones electrónicas de manera segura y conveniente. Este proceso contribuye a la mejora continua de las instituciones y las políticas, lo que lo convierte en un punto destacado del XIII Congreso Nacional del Partido y sitúa la transformación digital dentro del marco general del desarrollo, en consonancia con el espíritu de la Resolución n.º 57.

Un hito importante fue la aprobación de la Ley de Transformación Digital de 2025 por parte de la Asamblea Nacional, una ley marco de coordinación integral que articula y conecta las leyes sectoriales, como la de Transacciones Electrónicas, la de Datos, la de la Industria de Tecnología Digital y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por primera vez, se establece una base jurídica uniforme para los pilares del gobierno, la economía y la sociedad digitales, y al mismo tiempo se destina al menos el uno por ciento del presupuesto estatal anual a este ámbito, lo que reafirma que los datos constituyen un recurso estratégico para el desarrollo.

Lo más destacado de la Ley de Transformación Digital es su enfoque centrado en el usuario, con el principio de “declaración única”, que promueve la conectividad y la reutilización de datos, reduce la duplicación de procedimientos y mejora la calidad de la toma de decisiones.

Además, numerosas resoluciones y decretos emitidos en 2025 han servido para eliminar obstáculos en la inversión tecnológica, el desarrollo de plataformas compartidas y las colaboraciones público-privadas, y han legalizado el mecanismo de espacio de pruebas, allanando el camino para la innovación.

Los datos como eje operativo, las personas en el centro

Sobre la base institucional establecida durante el XIII Congreso Nacional del PCV, el proceso de transformación digital ha evolucionado desde la simple digitalización de procesos hasta una gobernanza basada en datos, con las plataformas digitales compartidas como eje operativo central.

El cambio más notable en la implementación del gobierno digital ha sido vincular la digitalización con la reforma de los procedimientos administrativos, tomando como criterio de evaluación los resultados del servicio prestado a la ciudadanía y a las empresas. La tasa de expedientes tramitados íntegramente en línea sigue aumentando, lo que refleja la transición de la prestación de servicios formales a la operativa real.

El Gobierno ha definido la VNeID como la herramienta única para la tramitación electrónica y ha reforzado la interconexión entre la Base de Datos Nacional sobre la Población y las bases de datos especializadas. A partir de la experiencia práctica del Proyecto 06, el general brigadier Vu Van Tan, director del Departamento de Policía de Gestión Administrativa del Orden Social del Ministerio de Seguridad Pública, ha subrayado que la construcción y explotación eficaz de las bases de datos es una condición indispensable para el desarrollo del gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital. Hasta finales de 2025, se habían conformado 32 de las 105 bases de datos previstas en la hoja de ruta; de estas, 16 cuentan con una base de datos relativamente completa y avanzan gradualmente hacia el cumplimiento de los requisitos de “correctas, suficientes, limpias, vivas, unificadas y de uso compartido”, sentando las bases para la reestructuración de procesos y la sustitución de documentos en papel.

Vietnam está ampliando la economía digital y la sociedad digital a partir del soporte del gobierno electrónico, donde los logros tecnológicos se transforman en valores de crecimiento y bienestar social al servicio de la ciudadanía, y cuando los datos se consideran un recurso estratégico, y las personas ocupan el centro del diseño de todos los servicios digitales.

A un nivel más profundo, el proceso ha evolucionado perceptiblemente de las "empresas digitales" a la "economía digital", en la que se conciben los datos como un insumo de la productividad, así como de nuevos productos y servicios, y en la que se abren paso los modelos de negocio basados en la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos. Los datos, que antes eran un activo administrativo cerrado, se están convirtiendo gradualmente en un recurso de desarrollo y en un elemento esencial de la economía.

Paralelamente al crecimiento de la economía digital, se ha fomentado una sociedad digital inclusiva, facilitando el acceso de la ciudadanía a la vida digital mediante la universalización de la identificación electrónica, la firma digital personal y los servicios digitales esenciales.

Los grupos comunitarios de tecnología digital, junto con el "Movimiento de Alfabetización Digital", se han desplegado de tal manera que han ido reduciendo progresivamente la brecha digital entre regiones y grupos sociales, de acuerdo con el principio de “no dejar a nadie atrás”. La orientación de que "la economía digital es el motor, la sociedad digital es la base y las personas son el centro" se concreta en la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del PCV sobre el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y se tiende un puente entre la modernización del aparato administrativo y los beneficios tangibles para la ciudadanía.

Sin embargo, los informes de balance han identificado cuellos de botella estructurales en el proceso de transformación digital. El marco institucional y los documentos orientadores de algunos ámbitos aún no se promulgan de manera sincronizada y la infraestructura y la calidad de los recursos humanos digitales presentan disparidades significativas entre los distintos niveles de gobierno. La normalización y la integración de los datos avanzan con lentitud respecto a las exigencias prácticas, al tiempo que aumentan las presiones en materia de seguridad de la información y la tarea de proteger los datos personales. En particular, en el sector de la Administración pública, solo se han tramitado íntegramente en línea el 51,7 por ciento de los expedientes, y persiste la costumbre de presentar documentación en papel, lo que reduce la eficacia de la reestructuración de los procesos. El desarrollo de plataformas compartidas entre ministerios y organismos está muy fragmentado y la inversión en datos es dispersa, por lo que la modernización no logra acompasarse con el acelerado ritmo de la era digital.

En la práctica, el rápido ritmo de la transformación está superando la capacidad de adaptación de los mecanismos y las políticas, por lo que son necesarias soluciones más contundentes para garantizar un desarrollo sostenible y situar a la ciudadanía y a las empresas en el centro del servicio.

Estas limitaciones se deben, en parte, a la escasa implicación de los responsables en algunos lugares y al desfase entre la inversión y la formación en competencias digitales frente al ritmo de la innovación. Por ello, la lección esencial que se desprende de la aplicación de la Resolución n.º 57 es mantener con firmeza el principio de que “el Partido lidera, el Estado crea, las empresas van a la vanguardia, las localidades toman la iniciativa y los ciudadanos responden”; considerar los datos como un recurso estratégico, pasar de la mentalidad de “retener” a la de “conectar y compartir para crear nuevo valor”, y vincular estrechamente este proceso con las exigencias de seguridad, protección y salvaguarda de los datos personales.

Al entrar en el período 2026-2030, los cimientos que ya se ha echado servirán de apoyo para acelerar la transformación digital y convertirla en un motor de desarrollo rápido y sostenible en la nueva etapa, a partir de criterios como los beneficios reales y el grado de satisfacción de la ciudadanía y las empresas.