Este plan, diseñado para alinearse con las directrices del Partido, busca establecer controles estrictos sobre el ejercicio del poder y prevenir abusos en la gestión de los recursos estatales.
Uno de sus objetivos principales es asegurar que los líderes, incluidos los directores de agencias y funcionarios con capacidad de decisión, mantengan altos estándares de responsabilidad. El programa destaca la importancia de un liderazgo transparente y una gestión eficaz para proteger la integridad del sistema financiero público.
Un punto clave es la modernización del marco legal, regulatorio y ético. Esto implica actualizar procedimientos internos, normativas financieras y códigos de conducta para cerrar cualquier vacío que pueda facilitar la corrupción o el enriquecimiento ilícito. Se fortalecerán las leyes que definen las funciones y responsabilidades de quienes gestionan los fondos y activos estatales, con mecanismos claros de control y rendición de cuentas para garantizar un uso responsable del poder.
La resolución también demanda un mayor escrutinio de ministerios, agencias y gobiernos locales, enfocándose en cómo ejercen su autoridad sobre los recursos públicos. Se espera que los altos cargos lideren con el ejemplo, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas pública y una cultura de autocrítica dentro de sus organizaciones.
Para asegurar el cumplimiento, el Gobierno intensificará las inspecciones, auditorías y revisiones sectoriales, con el fin de detectar y prevenir malas prácticas, al tiempo que se garantizan el respeto a las directrices del Partido y a las leyes vigentes.
El plan también contempla una reorganización del personal público, priorizando la contratación y formación de funcionarios que demuestren tanto competencia profesional como integridad y compromiso con el servicio público.
Para reducir riesgos de corrupción, se establecerán rotaciones periódicas y cambios en puestos clave de funcionarios que asesoran, asignan y gestionan las finanzas públicas, buscando evitar la concentración de poder y fomentar el desarrollo profesional.
Finalmente, el plan promueve la protección a los denunciantes, al tiempo que establece sanciones para quejas maliciosas o difamatorias, asegurando que las medidas anticorrupción sean justas y efectivas.
