Paul Mathonnet, abogado defensor de la demandante, declaró a la prensa tras el juicio de CCF celebrado la víspera que la cuestión planteada en el caso no solo concierne a Tran To Nga, sino también al derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
La cuestión jurídica fundamental que debe resolver la Corte de Casación es determinar si las actividades de las empresas químicas estadounidenses constituyen una conducta comercial o el ejercicio de la soberanía estatal, reiteró.
Las empresas demandadas argumentaron que gozaban de inmunidad jurisdiccional porque estaban cumpliendo contratos de fabricación según los requisitos técnicos y las normas del Gobierno norteamericano.
Sin embargo, hizo hincapié en que el suministro de bienes al Estado no equivale al ejercicio del poder público y, por lo tanto, estas corporaciones no pueden gozar de la inmunidad reservada únicamente al Estado o a las entidades a las que se les ha transferido una parte del poder público.
Hasta la fecha, ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación habían considerado el contenido del caso debido a una disputa sobre la inmunidad jurisdiccional, comunicó.
Si la CCF revoca la sentencia de apelación el 16 de septiembre venidero, el caso podrá ser remitido al nivel de apelación o ser revisado nuevamente en primera instancia en cuanto al fondo, señaló.
En ese momento, por primera vez, las partes podrán debatir la responsabilidad de las empresas químicas estadounidenses por las consecuencias del Agente Naranja, remarcó.
A su vez, el abogado Bertrand Repolt afirmó que representantes de la Fiscalía, junto con la Corte de Casación, habían enviado dictámenes documentados a las partes antes del juicio, en los cuales, argumentaron que las empresas químicas estadounidenses estaban realizando actividades comerciales, no actos de soberanía estatal.
Se trata de un factor clave, demostrando que la inmunidad jurisdiccional no debería aplicarse en este caso, puntualizó.
Las empresas demandadas son compañías comerciales privadas que simplemente cumplían con los pedidos del Gobierno estadounidense, de acuerdo con requisitos técnicos específicos, al igual que muchos otros contratos públicos.
De acuerdo con Bertrand Repolt, la producción de bienes de acuerdo con los estándares establecidos por el Gobierno de Estados Unidos no convierte a estas empresas en agencias o representantes gubernamentales.
Las empresas que fabricaron y vendieron este defoliante antes, durante y después de la guerra de Vietnam no pueden considerarse como empresas que hayan ejercido autoridad pública, afirmó.
Si la Corte de Casación anula la sentencia del Tribunal de Apelaciones de París del 22 de agosto de 2024, es probable que el caso se transfiera a otro jurado del Tribunal de Apelaciones de París para que reconsidere la cuestión de la inmunidad jurisdiccional de acuerdo con las instrucciones legales dadas por CCF, entre otros, argumentó.
Mientras tanto, Tran To Nga dijo que resulta difícil explicar por qué las empresas químicas niegan la toxicidad del Agente Naranja, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno estadounidense concedió previamente alrededor de 800 millones de dólares para compensar a los veteranos norteamericanos que estuvieron expuestos directa o indirectamente al Agente Naranja en Vietnam.
También recordó que el Gobierno estadounidense ha reconocido 17 enfermedades que podrían estar relacionadas con la exposición al Agente Naranja.
Además, hizo un llamado a los representantes de las empresas químicas y a los abogados a viajar a Vietnam para conocer la vida real de las víctimas del Agente Naranja, con el fin de entender mejor las pérdidas que han padecido.
La demanda no busca obtener un beneficio personal, sino hacer justicia a millones de víctimas del Agente Naranja, reiteró, al subrayar que continuará llevando adelante el caso independientemente del fallo final del tribunal.
