En este panorama, la renovación del pensamiento sobre la configuración del espacio urbano ocupa una posición central para sentar las bases del desarrollo acelerado del país.
Para aplicar la Resolución 19 es indispensable la implicación de todo el aparato político. En particular, los funcionarios que trabajan en planificación, construcción y gestión del desarrollo urbano deben asumir un papel pionero, actuar con determinación y transformar su enfoque, pasando de una función reguladora y de control administrativo a una de creación y orientación del desarrollo, para que las ciudades no solo sean un motor de crecimiento, sino también espacios de vida seguros, humanos, sostenibles e inclusivos.
Nuevas estrategias y motores de desarrollo
A fin de hacer realidad las estrategias trazadas por la Resolución 19 es necesario, en primer lugar, que la urbanización y el desarrollo urbano actúen como propulsores del crecimiento; además, la reestructuración del espacio de desarrollo debe vincularse a los corredores económicos para formar polos de crecimiento, centros de innovación y ciudades verdes e inteligentes con competitividad internacional.
Asimismo, el fortalecimiento de los vínculos regionales e intersectoriales ha de llevarse a cabo de manera eficaz para conectar las ciudades y formar una red urbana de apoyo mutuo. Estas, como polos de crecimiento regional y nacional, deben convertirse en urbes verdes, inteligentes, modernas y multisectoriales, y ser pioneras en el uso eficiente del suelo y el desarrollo sostenible.
La articulación sincronizada de la red urbana nacional exige el despliegue de infraestructuras estratégicas modernas, inteligentes y ecológicas que garanticen una conectividad multimodal y adaptabilidad climática. Esta tarea debe llevarse a cabo de manera focalizada, priorizando las infraestructuras esenciales para aumentar su efecto multiplicador y garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
El sólido mecanismo de descentralización que establece la Resolución 19 otorga a las grandes ciudades mayores competencias en la protección del medio ambiente mediante instrumentos financieros y les exige crear y aplicar tasas ambientales, emitir bonos verdes y fundar zonas de bajas emisiones, a fin de resolver persistentes problemas de contaminación.
La Resolución 19 tiene la misión de abrir el camino y redefinir todo el pensamiento y los métodos para configurar el espacio nacional. Amén de ser una guía, proporciona una sólida base política para eliminar los cuellos de botella y avanzar hacia la creación y el desarrollo de ciudades verdes, inteligentes y sostenibles.
El enfoque transversal de la Resolución 19 consiste en organizar el desarrollo urbano dentro de un espacio integrado, multinivel e interconectado, con miras a generar vínculos y un fuerte efecto multiplicador. Todo ello debe sintonizarse con la defensa y la seguridad nacionales, desde la formulación de estrategias hasta la planificación y asignación de recursos.
Prioridades del desarrollo urbano
Las experiencias recientes del desarrollo urbano muestran que es necesario concentrar los recursos y priorizar cinco grupos de tareas:
En primer lugar, se debe revisar el sistema de planificación bajo un enfoque de organización espacial multinivel, al tiempo que se desarrollan polos de crecimiento y nodos de innovación conectados a los principales corredores económicos. Asimismo, es vital consolidar una red urbana de ciudades complementarias que eleve su competitividad y actúe como motor de prosperidad tanto para las regiones como para todo el país.
En segundo lugar, urge diseñar los planes y completar el marco jurídico para la gestión y aprovechamiento del espacio subterráneo. Se debe priorizar la inversión en las grandes metrópolis, distritos financieros y comerciales, así como en los principales nodos de transporte, todo ello bajo el enfoque de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD).
Tercero, es necesario aplicar mecanismos financieros específicos y descentralizar facultades para otorgar mayor autonomía a las grandes metrópolis en materia de protección ambiental, emisión de bonos verdes y, sobre todo, en la implementación piloto del modelo de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades especiales
Cuarto, resulta imperativo canalizar inversiones hacia el desarrollo de infraestructura urbana inteligente y adaptativa al cambio climático. En un contexto en el que los fenómenos naturales extremos y el cambio climático son cada vez más intensos, la gestión urbana moderna debe basarse en una previsión sustentada en datos; integrar de manera profunda las infraestructuras físicas y digitales, incluidos los datos digitales, las aplicaciones del Internet de las cosas y la inteligencia artificial, para gestionar las ciudades en tiempo real, y al mismo tiempo construir sistemas urbanos resilientes frente a los desastres naturales.
Quinto, es fundamental mejorar integralmente el estándar cualitativo de los entornos urbanos en articulación con el despliegue de nodos financieros, logísticos y redes de servicios de alto valor añadido. Asimismo, priorizar la inversión en el desarrollo integral del sistema de infraestructuras sociales, especialmente en viviendas sociales y casas para personas con bajos ingresos, a fin de reducir la brecha de desarrollo entre las zonas urbanas y rurales.
De este modo, todos los ciudadanos podrán beneficiarse de los frutos del proceso de urbanización y desarrollo urbano y tendrán igual acceso a los servicios de educación, salud y vivienda, reafirmando el carácter humano del nuevo modelo de desarrollo.
