La medida busca reforzar la política humanitaria y de clemencia del Partido y del Estado, al tiempo que contribuye a la prevención del delito y al fortalecimiento del orden y la seguridad en todo el país.
Con base en la Decisión Presidencial N.º 1244/2025/QĐ-CTN y las directrices emitidas por el Consejo Asesor de Amnistía, el Gobierno ha delineado claramente las responsabilidades de cada institución.
El Ministerio de Seguridad Pública será el órgano encargado de coordinar la revisión de casos de personas privadas de libertad bajo su jurisdicción, además de supervisar y asistir a otras entidades en la aplicación del proceso.
Por su parte, la cartera de Defensa deberá aplicar procedimientos similares en los centros de detención que administra, mientras que el Tribunal Supremo Popular dirigirá los procesos de evaluación de casos que involucren a personas con penas suspendidas.
El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo trabajará junto a los medios de comunicación para difundir información clara sobre los criterios, procedimientos y derechos asociados al proceso de amnistía. La iniciativa busca asegurar que los beneficiarios y la ciudadanía puedan supervisar y participar activamente, evitando errores o malentendidos.
En paralelo, los gobiernos provinciales y locales deberán establecer mecanismos para apoyar la reintegración social de los amnistiados. Esto incluye orientación, capacitación laboral, apoyo económico y acompañamiento social para quienes enfrentan situaciones vulnerables.
Se destaca la importancia de evitar la discriminación, fomentar la solidaridad comunitaria y prevenir la reincidencia delictiva. La policía local tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento a los beneficiarios tras su regreso a la comunidad, garantizando el cumplimiento de la ley.
El Ministerio de Seguridad Pública, en su rol de Secretaría Permanente del Consejo Asesor de Amnistía, se encargará de recopilar los resultados de la implementación y reportarlos al Primer Ministro y al Consejo correspondiente.