Al presidir la primera reunión del Comité Directivo Nacional para el despliegue de la Resolución 79, Minh Chinh, quien encabeza este órgano, destacó la importancia de un enfoque renovado para traducir las resoluciones del Partido en acciones concretas, poniendo el acento en la rapidez, la eficiencia y los resultados tangibles.
Reafirmó el principio de que las políticas bien diseñadas deben aplicarse con prontitud y rigor, tomando la eficacia como criterio fundamental, garantizando beneficios reales para la población y el desarrollo del país, bajo el lema de evitar la pérdida de tiempo, las oportunidades desaprovechadas y la pasividad.
Elogió al Ministerio de Finanzas y a los organismos pertinentes por su preparación proactiva, especialmente durante la elaboración de la Resolución 79, así como por sus aportes constructivos orientados a una implementación rápida y efectiva.
Instruyó a la Oficina Gubernamental a incorporar las observaciones y publicar las conclusiones de la reunión, y encargó al Portal Gubernamental, al Portal Jurídico Nacional y al portal del Ministerio de Finanzas la difusión de los proyectos de resolución y la recopilación de opiniones del público, expertos y profesionales.
Según el jefe de Gobierno, las nuevas políticas deben centrarse en optimizar los recursos estatales, mejorar la gobernanza, promover la digitalización y el desarrollo verde, así como equilibrar los recursos públicos y privados, reduciendo al mismo tiempo la intervención administrativa innecesaria.
Añadió que el Estado debe definir con claridad las tareas que le corresponden, mantener su papel de liderazgo y abstenerse de intervenir en ámbitos en los que el sector privado pueda actuar con mayor eficacia.
Asimismo, señaló que el Gobierno debe ampliar las asociaciones público-privadas, utilizando los recursos estatales como factor orientador. Indicó que los responsables políticos deben revisar la Resolución 79 para identificar ámbitos que requieran mecanismos especiales o pilotos distintos de las leyes vigentes o aún no regulados, lo que permitiría su aplicación inmediata o futuras modificaciones legales conforme a una hoja de ruta definida.
Encargó al Ministerio de Finanzas la incorporación de las observaciones y la finalización de los proyectos de resolución para su presentación al Gobierno, con una fecha límite prevista para febrero de 2026, así como la continuación del proceso de reestructuración de las empresas estatales y el perfeccionamiento de las políticas fiscales y arancelarias.
También se encomendó a otros ministerios la revisión y propuesta de modificaciones legales en sus respectivos ámbitos, incluidos el uso de la tierra, la protección del medio ambiente, la explotación sostenible de los recursos, la gestión del espacio subterráneo, la política de vivienda y los mecanismos de contratación y nombramiento de personal en las entidades estatales y las unidades de servicio público.
Solicitó a los miembros del Comité Directivo, a los ministerios y a las empresas estatales que presentaran por escrito sus observaciones sobre los proyectos de resolución, subrayando que una implementación flexible y proactiva de la Resolución 79 contribuirá a alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos a partir de 2026.
Los delegados coincidieron en que las resoluciones son necesarias para maximizar el papel de las empresas estatales en la estabilización de la economía y en el impulso del crecimiento durante el período 2026-2030.
Indicaron que el entorno global sigue siendo complejo e impredecible, lo que exige una mayor coordinación e innovación para cumplir los objetivos de desarrollo de Vietnam.
Según los delegados, la Resolución 79 ofrece por primera vez una definición integral de la economía estatal, estableciendo nueve componentes fundamentales que abarcan los recursos que son propiedad del Estado, o que este administra o controla.
Estos incluyen la tierra y los recursos naturales, los activos de infraestructura, el presupuesto estatal, las reservas nacionales, los fondos financieros no presupuestarios, el capital estatal en empresas donde el Gobierno posee el 50 por ciento o menos de la participación, las empresas estatales, las instituciones de crédito estatales y las unidades de servicio público.
Un eje central es la reestructuración de las empresas estatales para mejorar su eficiencia y gobernanza de acuerdo con los estándares internacionales. Para 2030, Vietnam aspira a contar con 50 empresas estatales entre las 500 mayores del Sudeste Asiático y entre una y tres entre las 500 más importantes del mundo.
Se espera que todas las empresas estatales adopten sistemas de gobernanza modernos y digitales, mientras que todos los grupos económicos y corporaciones estatales deberán aplicar los principios de gobernanza corporativa de la OCDE. Para 2045, Vietnam se propone tener alrededor de 60 empresas estatales entre las 500 mayores del Sudeste Asiático y cinco entre las 500 más importantes del mundo.