Premier exige asegurar eficiencia de la organización partidista en el Gobierno

En la quinta reunión el Comité Directivo del Gobierno para la implementación de la Resolución No. 18-NQ/TW del Comité Central del PCV sobre la renovación y la reestructuración del sistema político para una mayor eficiencia, el dirigente asignó al Ministerio del Interior, la agencia permanente del Comité Directivo, a coordinarse con los organismos pertinentes para recopilar los comentarios y perfeccionar el borrador del plan antes de presentarlo al Buró Político.

En el proceso de elaboración y finalización del documento, resulta necesario cumplir estrictamente los Estatutos, los principios de liderazgo y los reglamentos del Partido, así como seguir de cerca la práctica de las actividades del Gobierno, indicó, y solicitó un balance de las actuales operaciones del Comité de Asuntos Partidistas según las normas del Partido.

Urgió a basarse en los fundamentos políticos como la Plataforma, las resoluciones y los Estatutos del Partido, y en la práctica para seguir esclareciendo el rol, cargo, funciones, tareas y atribuciones del Comité del Partido del Gobierno, así como sus principios de funcionamiento y relaciones de trabajo con otras agencias del sistema político, a fin de asegurar su liderazgo directo e integral sobre todas las labores del Gabinete y los comités partidistas afiliados en todos los niveles.

El premier subrayó la importancia de construir un aparato asesor de élite, racionalizado y fuerte con operaciones efectivas para el Comité del Partido en el Gobierno.

Al mismo tiempo, se debe seguir promoviendo la educación política e ideológica para mejorar la conciencia de los funcionarios y los miembros del Partido con respecto a la racionalización del sistema político en línea con la reorganización del personal para una mayor capacidad de liderazgo y combatividad de las organizaciones e integrantes del PCV, apuntó.

Instó a realizar mayores esfuerzos por crear consenso durante la implementación del plan, evitar interrupciones durante el proceso de reestructuración y, al mismo tiempo, asegurar los derechos e intereses legítimos de los funcionarios y empleados públicos.