Vietnam revisa plan para mejorar calificación crediticia soberana hasta 2030

La decisión actualiza varios objetivos y soluciones clave del plan, haciendo mayor hincapié en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. Según la decisión, Vietnam aspira a convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano alto, al tiempo que construye un sistema de gobernanza competitivo y eficaz y una economía dinámica impulsada por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

El país continuará mejorando su entorno de inversión y negocios, aumentando la eficacia de las relaciones exteriores y la integración internacional, protegiendo el medio ambiente, adaptándose al cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo un crecimiento verde, circular y bajo en carbono.

Se espera que estos esfuerzos mejoren la posición y la reputación internacional de Vietnam y faciliten la elevación de su calificación crediticia soberana al grado de inversión, contribuyendo así a reducir los costos de endeudamiento y los riesgos crediticios soberanos.

El objetivo específico es alcanzar para 2030 una calificación crediticia soberana de al menos Baa3 por parte de Moody’s o BBB- por parte de S&P y Fitch.

Para el período 2026-2030, Vietnam fija como objetivo un crecimiento medio anual del PIB de al menos el 10 por ciento, con un PIB per cápita de alrededor de 8.500 dólares en 2030. Se prevé que la inversión social total represente en promedio alrededor del 40 por ciento del PIB, mientras que la inversión pública supondrá entre el 20 por ciento y el 22 por ciento.

El déficit presupuestario se situará en torno al cinco por ciento del PIB en promedio durante el período, mientras que la deuda pública se mantendrá por debajo del 60 por ciento del PIB y la deuda gubernamental por debajo del 50 por ciento.

En el sector bancario, se espera que el coeficiente mínimo de adecuación de capital de los bancos comerciales se aproxime a los estándares de Basilea III y alcance el 8,625 por ciento como máximo en 2030. El país también fortalecerá sus reservas de divisas cuando las condiciones lo permitan.

Entre los objetivos sociales y medioambientales figuran elevar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) hasta alrededor de 0,8, mantener la cobertura forestal en el 42 por ciento, recolectar y tratar alrededor del 70 por ciento de las aguas residuales domésticas en las zonas urbanas de grado I y superior para 2030 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un ocho por ciento y un nueve por ciento.

El plan revisado exige fortalecer las finanzas públicas, ampliar las fuentes de ingresos sostenibles, mejorar los indicadores de deuda y consolidar la estabilidad fiscal. La política fiscal seguirá siendo proactiva, flexible y prudente, equilibrando el apoyo al crecimiento económico con la estabilidad fiscal a mediano y largo plazo. La gestión de la deuda pública se seguirá mejorando mediante un control estricto del crecimiento de la deuda y el fortalecimiento de la gestión de los riesgos de la cartera, mientras que se supervisarán de cerca los pasivos contingentes derivados de las garantías gubernamentales, las asociaciones público-privadas y las empresas estatales.

La decisión también hace hincapié en el fortalecimiento del sistema bancario y la modernización de la gobernanza bancaria de conformidad con los estándares internacionales, incluidos los de Basilea III, al tiempo que mejora la transparencia, accesibilidad, puntualidad y calidad de los datos bancarios.

La política crediticia se gestionará de acuerdo con la evolución macroeconómica y de los mercados monetarios para controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y apoyar un crecimiento sostenible. El crédito se orientará hacia la producción, las actividades empresariales, los sectores prioritarios y los principales motores del crecimiento, mientras que los riesgos en ámbitos potencialmente vulnerables serán controlados estrictamente.

La decisión también pide aplicar las soluciones previstas en la Resolución Nº 79-NQ/TW sobre el desarrollo del sector económico estatal, centrándose en mejorar la eficiencia y la gobernanza de las empresas estatales, promover la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde, así como reestructurar el capital estatal en las empresas.

Se encomienda a los ministerios y organismos competentes reforzar la coordinación con las agencias de calificación crediticia soberana y las organizaciones internacionales, mejorar la calidad y frecuencia de la publicación de datos oficiales en línea y adoptar un papel más proactivo en las reuniones, conferencias y foros de evaluación de las calificaciones.

Los ministerios y organismos competentes supervisarán directamente la labor relacionada con la calificación crediticia soberana dentro de sus respectivos sectores y participarán en las sesiones de evaluación para proporcionar información clara, oportuna y convincente a las agencias de calificación y las organizaciones internacionales.