El proyecto de Ley de Gestión de la Deuda Pública revisa 23 de los 63 artículos vigentes, con el objetivo de continuar la política de descentralización y delegación de competencias, vinculada a la reorganización y racionalización del aparato administrativo, así como al aumento de la eficiencia de la gobernanza.
El borrador otorga mayores atribuciones al primer ministro y al Ministerio de Finanzas en ciertas tareas de gestión de la deuda, y refuerza la iniciativa y responsabilidad de los gobiernos locales en la toma de decisiones y el uso del presupuesto.
Asimismo, completa los contenidos relacionados con la autorización para negociar, firmar, aprobar, ratificar, modificar y prorrogar tratados internacionales en nombre del Estado o del Gobierno sobre préstamos de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) y préstamos preferenciales; además de establecer con claridad los procedimientos para la negociación, firma y enmienda de dichos tratados.
Elimina también el apartado 4 del Artículo 13, delegando en el Primer Ministro la aprobación de los límites de los préstamos para el re-préstamo y de las garantías del Gobierno, asociados al Plan anual de Endeudamiento y Pago de la Deuda Pública, con el fin de acortar trámites.
El Ministerio de Finanzas asumirá la iniciativa en la gestión y publicación de los documentos del citado plan, de conformidad con las exigencias de transparencia según las prácticas internacionales.
En la sesión vespertina, el Parlamento escuchará la presentación y el informe de verificación sobre el proyecto de Resolución que establece mecanismos y políticas para resolver dificultades en la implementación de la Ley de Tierras.
Según la propuesta del Gobierno, la Resolución tiene como objeto institucionalizar de manera oportuna las orientaciones del Partido y del Estado sobre la política de tierras; eliminar los “cuellos de botella” y abordar nuevas cuestiones surgidas en la práctica; así como contribuir al desarrollo socioeconómico y a mejorar la eficacia de la gestión y el uso de la tierra, creando impulso para que el país alcance el estatus de nación desarrollada con ingresos altos.
El proyecto de esta resolución consta de tres capítulos y trece artículos, con tres grupos de contenidos principales, a saber la institucionalización de los objetivos, tareas y soluciones según las resoluciones del Comité Central y las conclusiones del Buró Político del Partido Comunista; la solución para los “puntos críticos” señalados en el Comunicado No. 08-TB/BCDTW del Comité Directivo Central sobre perfeccionamiento institucional; y la eliminación de los obstáculos en la aplicación de la Ley de Tierras.
La Asamblea Nacional debatirá el proyecto legislativo que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción.