Avances en salud pública y población
Con 431 votos a favor, que representa el 91,12 por ciento del total de los delegados, la Asamblea ratificó una resolución que introduce medidas clave para mejorar el sistema de salud y ampliar los derechos de los ciudadanos en cuanto a atención médica.
Entre las principales disposiciones, se establece la exoneración de tarifas hospitalarias básicas para los beneficiarios del seguro de salud, así como un aumento en la cobertura para grupos vulnerables como los adultos mayores, las personas en situación de pobreza y otros sectores desfavorecidos.
Además, la resolución incluye un incremento en los reembolsos del seguro de salud para pruebas preventivas, diagnósticos tempranos y tratamientos de enfermedades. También se lanzarán pruebas piloto para diversificar los paquetes de seguros de salud y los servicios médicos disponibles, adaptándose a las crecientes necesidades de la población.
De forma paralela, el Parlamento aprobó la resolución sobre la inversión en el Programa de Objetivo Nacional de Salud y Población para el período 2026-2035, que tiene como objetivo mejorar la salud pública, aumentar la esperanza de vida, reducir la malnutrición y promover un desarrollo sostenible.
Reforma de la Ley de Tierras: medidas para resolver los obstáculos
En otro orden, los legisladores también aprobaron una resolución enfocada en resolver las dificultades en la implementación de la Ley de Tierras, con un amplio respaldo de los legisladores.
La medida contempla la modificación de varios aspectos clave relacionados con la expropiación de tierras para proyectos de desarrollo, mejorando los mecanismos de compensación y reubicación para los afectados, así como el establecimiento de precios de tierras en contratos de “construcción-transferencia” (BT). Las nuevas disposiciones buscan garantizar mayor equidad en la ejecución de proyectos y una gestión más eficiente de los recursos relacionados con la tierra.
Adicionalmente, el Parlamento aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Planificación Urbana y Rural, con el objetivo de hacer más coherentes las políticas de uso del suelo y el desarrollo urbano sostenible. Esta reforma refuerza la necesidad de alinear los planes de urbanización con las leyes sobre tierras y los proyectos de desarrollo sostenible, asegurando así un marco normativo más claro y eficiente.
Estas decisiones subrayan el compromiso de la Asamblea Nacional con la mejora de la salud y el bienestar de la población, así como con la optimización en la gestión de los recursos de tierras, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico sostenible del país.
