La legislatura consta siete capítulos y 103 artículos, que regulan la gestión estatal de las inversiones públicas; los derechos, obligaciones y responsabilidades de las autoridades, organismos, organizaciones e individuos relacionados con las actividades de inversión pública. La ley entrará a vigor a partir del 1 de enero de 2025.
De acuerdo con la nueva ley aprobada, los sectores y áreas elegibles para el uso de fondos de inversión pública incluyen: defensa nacional; seguridad y orden público, bienestar social; educación y formación profesional; ciencia y tecnología; salud, población y familia; cultura, información; radio, televisión, agencias de noticias; deportes; protección del medio ambiente; actividades económicas; actividades de los órganos estatales, organismos políticos y sociales; seguridad social; y otros campos según lo establecido por la ley.
La ley también establece cinco principios para la gestión de la inversión pública, mientras prohíbe las propuestas que no son coherentes con la estrategia, la planificación y los planes.
Estipula actos estrictamente prohibidos en la gestión y uso del capital de inversión pública, incluido el aprovechamiento de posiciones para corrupción, soborno, falsificación de registros, uso indebido o exceso de estándares.
Además, si hay un ajuste a la política de inversión de los proyectos aprobados antes de la entrada en vigor de la ley, las autoridades competentes decidirán sobre el ajuste y serán responsables de su decisión. Para proyectos nacionales importantes, la Asamblea Nacional decidirá ajustar las políticas de inversión.
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