En la cita, el subjefe del Gobierno instó al Ministerio de Construcción, que redacta los decretos mencionados, a aclarar nuevos contenidos y políticas de las dos legislaciones mientras continúe recopilando opiniones de localidades, asociaciones y empresas para abordar drásticamente las dificultades y obstáculos en la práctica, garantizando la fluidez de la implementación una vez que se emitan los decretos.
La cartera también tiene que coordinarse con los ministerios de Finanzas, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de Planificación e Inversiones, de Defensa, de Seguridad Pública, así como el Banco Estatal para manejar temas pendientes, asegurando la conexión y sincronización con las leyes pertinentes, dijo.
La emisión de algunos decretos que detallan varios artículos de las leyes sobre viviendas y negocios inmobiliarios tiene como objetivo proporcionar una base legal para su aplicación.
Esos documentos reemplazarán a varios existentes para abordar ciertas deficiencias y problemas de la práctica, seguir mejorando el entorno de inversión y negocios, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar la coherencia del sistema legal.
También están destinados a garantizar la descentralización del poder y elevar el sentido de responsabilidad de las autoridades locales hacia el desarrollo y la gestión de la vivienda.
En la sesión, los participantes discutieron las normas sobre la posesión de viviendas por parte de organizaciones e individuos extranjeros, las bases para elaborar programas y planes de vivienda a nivel provincial y la coherencia de las regulaciones sobre la preparación de proyectos de inversión en viviendas con las leyes sobre tierras e inversiones, entre otros temas.
Adoptadas por la Asamblea Nacional en noviembre de 2023, la Ley de Viviendas y la Ley de Negocios Inmobiliarios entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.