En el encuentro participaron el viceprimer ministro Le Tien Chau, subdirector permanente del Comité Directivo, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh, también subdirector del organismo.
La sesión marcó el inicio de la implementación de las orientaciones del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y del Comité Permanente de la Asamblea Nacional sobre la revisión general del sistema jurídico del país.
El Buró Político emitió el 10 de marzo último la Conclusión 09-KL/TW sobre el perfeccionamiento de la estructura del sistema legal de Vietnam para responder a las exigencias de desarrollo en la nueva etapa, asignando al Comité partidista en la Asamblea Nacional la tarea de coordinar este proceso con las instituciones pertinentes. Posteriormente, el 3 de abril de 2026, el Comité Permanente del Parlamento promulgó las Resoluciones 2092 y 2093 para poner en marcha la revisión y establecer el Comité Directivo responsable.
Durante la reunión, los delegados analizaron y aportaron opiniones sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento del Comité Directivo, el plan de implementación de la revisión integral y las directrices destinadas a organizar de manera uniforme esta labor en todo el país.
En su intervención, Tran Thanh Man destacó las orientaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sobre la necesidad de renovar profundamente el trabajo legislativo para construir un sistema jurídico moderno, coherente, estable y viable, capaz de impulsar el desarrollo.
También subrayó la importancia de revisar de forma integral el marco legal nacional para superar la superposición de normativas y evitar que las leyes deleguen responsabilidades excesivas a reglamentos de menor rango.
Señaló que el proceso debe ir acompañado de un cambio de enfoque en la elaboración de leyes, orientado al desarrollo y basado en la consulta a expertos, científicos, empresas y ciudadanos, además de prevenir de manera estricta los intereses de grupo o sectoriales.
En ese sentido, afirmó, la eficacia en la aplicación de las normas y la satisfacción de la población y las empresas deben convertirse en el principal indicador de la calidad legislativa.
El titular del Parlamento explicó que la revisión integral tiene como objetivo evaluar de manera completa y precisa el estado actual del sistema de documentos normativos jurídicos para proponer soluciones globales que permitan perfeccionarlo.
Asimismo, subrayó que se trata de una tarea compleja y de gran alcance, cuyo ámbito abarca todos los documentos normativos vigentes emitidos por las autoridades centrales y locales -con excepción de la Constitución- así como aquellos ya promulgados pero que aún no han entrado en vigor hasta el 31 de octubre de 2026.
De acuerdo con el calendario previsto, el informe sobre el avance del proceso será presentado al Comité Permanente de la Asamblea Nacional en agosto de 2026, mientras que el informe final con las propuestas de solución deberá completarse en diciembre del mismo año.
Por su parte, el viceprimer ministro Le Tien Chau afirmó que el sistema institucional constituye un recurso clave para el desarrollo, ya que un marco legal transparente y favorable puede liberar y movilizar otros recursos, generando un fuerte impulso para el crecimiento. En cambio, advirtió, un sistema normativo con superposiciones o que no se actualice con rapidez puede convertirse en un obstáculo importante para el progreso.
En ese contexto, reiteró que la revisión integral del sistema de documentos jurídicos representa una tarea política de especial relevancia, destinada a eliminar obstáculos para las actividades productivas y empresariales, facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas y contribuir al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos establecido en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.
El subjefe de Gobierno instó a los miembros del Comité Directivo a seguir de cerca el plan general de revisión, dirigir eficazmente las tareas en sus respectivas instituciones y localidades y reforzar la coordinación con los ministerios y organismos competentes para garantizar la calidad y el cumplimiento del calendario previsto.
Asimismo, enfatizó la necesidad de recabar opiniones de los sectores directamente afectados por las normativas, en particular ciudadanos, empresas y entidades encargadas de su aplicación.
El resultado final, señaló, debe ser concreto y medible, identificando con claridad qué documentos deben ser modificados, derogados, sustituidos o promulgados nuevamente, junto con los contenidos de las reformas, los plazos de ejecución y las entidades responsables, con el fin de reestructurar el sistema jurídico hacia una mayor transparencia, viabilidad y eficacia.
